
PLIEGO DE CARGOS
La privatización de las empresas públicas fue uno de los mantras más repetidos, allá por 2005, por los izquierdistas Evo Morales y Luis Arce para justificar la nacionalización y exaltar el fracaso de las políticas económicas neoliberales. Pero ahora y 19 años después, en nuestro país la intervención estatal ha dominado sectores estratégicos con resultados desastrosos a la vista de cualquier mortal.
El debate sobre el incremento de la tarifa del transporte urbano en Cochabamba aún no ha generado controversias entre los distintos sectores sociales y las autoridades locales, por la falta de información y el ocultamiento del proyecto de incremento. Verdad. Sólo los transportistas y sus afines lo conocen. Este tema involucra aspectos y cuestiones de justicia social, transparencia y la forma de gobernar de las autoridades municipales.
El presidente Luis Arce ha responsabilizado a “los cambitas” del oriente boliviano por el alza de precios de la canasta familiar. Este comentario ha desatado una ola de críticas y muchos lo han calificado de desafortunado. Esta situación pone sobre la mesa un debate esencial sobre la relación entre el sistema capitalista, las leyes del mercado y el modelo económico defendido por el Movimiento Al Socialismo (MAS).
En los últimos meses, Evo Morales está prácticamente refugiado en el Chapare, el ombligo boliviano de la producción de coca destinada al narcotráfico. Aunque oficialmente se presenta como una “detención domiciliaria voluntaria”, según declaraciones del ministro de Gobierno, esta decisión parece estar motivada por el temor de Morales a enfrentar un cúmulo de acusaciones judiciales por pedofilia y su posible vinculación con casos de narcotráfico que han tomado relevancia mundial.
Este último semestre el pueblo ha sentido la escasez de gasolina que ha derivado en largas filas en los surtidores y un mercado negro de combustibles cada vez más extorsivo. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) no solo tiene este problema ligado a las subvenciones a la gasolina, sino también está reduciendo de forma alarmante las asignaciones presupuestarias a los municipios del país, por concepto de coparticipaciones tributarias.
La burocracia tiene el objetivo teórico de garantizar el orden y la administración eficiente, pero a lo largo de la historia boliviana se ha convertido en un obstáculo canceroso para el progreso, ahogando a los emprendedores y encareciendo los costos del gobierno, además de sostener a un sistema público que está desbordado por prácticas corruptas. Siempre en mi columna del periódico he maldecido a la burocracia nuestra y la he despreciado.
La reciente participación de funcionarios del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba en los bloqueos de caminos ha generado una oleada de críticas y cuestionamientos. El solo hecho de ver a empleados públicos, cuya misión es promover el desarrollo y bienestar del departamento, involucrados en actos que paralizan la economía no solo es un acto de hipocresía y deslealtad, sino una acción que va en contra de sus propios intereses y del compromiso que tienen con el “Vivir bien”.
Detrás de los bloqueos que han afectado la vida cotidiana de los bolivianos late una lucha subterránea por evitar la posible extradición de Evo Morales a Estados Unidos bajo acusaciones de narcotráfico. Las tensiones se han agudizado en un conflicto donde los intereses políticos y las estrategias judiciales se entrelazan, llevando al cocalero a recurrir a sus seguidores para frenar un proceso que podría exponer los oscuros vínculos con el narcotráfico que muchos intuyen.
El intento de Evo Morales de utilizar el bloqueo de caminos para presionar a las autoridades judiciales de Bolivia no solo es un abuso de poder, sino un grave insulto a la inteligencia colectiva de todo el país. En lugar de enfrentarse a los cargos que pesan sobre él, recurre a tácticas que secuestran al país en un juego peligroso de manipulación y chantaje.
En agosto de 2020, emergieron acusaciones muy serias contra Evo Morales, expresidente de Bolivia, por el presunto delito de tener relaciones sexuales con una menor de edad, lo que generó un fuerte impacto no sólo en el ámbito político, sino también en la sociedad boliviana. Aunque por el momento la acusación se ha dirigido exclusivamente contra Morales, las investigaciones sugieren que detrás de estos encuentros libidinosos nunca existió la casualidad, sino la posible intervención de grupos organizados y facilitadores que operaron en la sombra.