A diez años de la promulgación de la Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres (2012), la Defensoría del Pueblo, en un informe, concluyó que la implementación de la norma fracasó en virtud a su aspecto sancionatorio, pues no existe un mensaje preventivo y/o disuasivo por parte del Estado boliviano, generando un mensaje equívoco de tolerancia y permisividad ante este tipo de violencia.