Las elecciones judiciales programadas para 2023 costarán más de 200 millones de bolivianos, que representan la suma de los dos procesos anteriores, 2011 y 2017. Además, el gobierno prevé repetir el esquema, en el que los votos nulos y blancos fueron superiores a los válidos, por lo que los electos fueron calificados de faltos de representatividad. Los Juristas Independientes afirmaron que no es posible aplicar de nuevo las reglas vigentes que llevaron al sistema de justicia a la crisis que enfrenta.