Activistas internacionales de DDHH, interesados en denunciar en la ONU impunidad en caso Las Londras
En medio de sus tareas de observación electoral en Bolivia, dos activistas internacionales de derechos humanos pusieron atención al caso Las Londras, considerado el episodio más emblemático entre las vulneraciones a la libertad de prensa en el país.
El viernes recién pasado, la delegación sostuvo un encuentro con la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, donde se expuso un informe sobre el estado de la libertad de expresión y de prensa en Bolivia y se remarcó que, a casi cuatro años del ataque, el caso sigue en la impunidad.
Los activistas José María Cepeda Aristega, secretario general de la Confederación Iberoamericana de DDHH, y Miguel Mota, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Dominicana, se comprometieron a elevar la denuncia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Un caso emblemático de violencia e impunidad
El 28 de octubre de 2021, siete periodistas fueron secuestrados, golpeados y amenazados de muerte por encapuchados armados mientras cubrían un operativo en predios avasallados en el municipio de Guarayos, Santa Cruz. También resultaron retenidos trabajadores y policías.
Entre las víctimas estuvo el periodista Percy Suárez, quien participó del encuentro con la delegación internacional. Suárez recordó el intento de asesinato sufrido en el ataque y relató la cadena de amenazas, golpes y humillaciones que padecieron los periodistas durante su cautiverio. Subrayó que, pese al tiempo transcurrido, no ha cesado de exigir reparación y justicia.
“Lo que vivimos en Las Londras fue un crimen contra la libertad de prensa y contra el derecho de toda la sociedad a estar informada. Hasta hoy seguimos atravesando un vía crucis judicial, porque la justicia en Bolivia no da respuestas”, manifestó.
Libertad de expresión bajo presión
A casi cuatro años del ataque, el caso no registra avances significativos en la justicia boliviana. “Han pasado tres años y diez meses y no hubo debido proceso. La justicia actúa de manera indebida y permite que los responsables sigan en libertad”, lamentó el presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Marco Antonio Curi Melgar.
El Observatorio de Defensores de Derechos de Unitas ha documentado que durante el Gobierno de Luis Arce se han registrado más de 500 vulneraciones a la libertad de prensa y de expresión en Bolivia, que incluyen agresiones físicas, procesos judiciales, censura, amenazas e intentos de silenciamiento contra periodistas y medios.
“Cuando se agrede a la prensa se agrede al derecho ciudadano a la información. El caso Las Londras debe sentar un precedente para que nunca más se repitan estos hechos en Bolivia”, enfatizó Curi.
Por su parte, Marcelo Huanca destacó que la presión social y la denuncia internacional son determinantes para que el proceso judicial no quede en el olvido:
“Es muy importante que este caso se visibilice aún más y que se asuma como un tema de interés internacional. Ojalá esta incidencia logre que la justicia se reconduzca y el proceso continúe. Cuando hay impunidad, la agresión y la violencia se normalizan. Por eso es clave mantener vivo este caso y proyectarlo también desde el ámbito internacional”, afirmó.
En la misma línea, Hugo Salvatierra remarcó que el encuentro marca un hito en la defensa de la libertad de prensa: “Dos cosas importantes han ocurrido: primero, la visibilización a nivel nacional; y segundo, la proyección internacional. Si la justicia no cumple su rol, debe ser la presión de la sociedad y de la comunidad internacional la que logre que este caso no quede en el olvido”.
Compromiso internacional
Los representantes de la misión internacional coincidieron en que Bolivia atraviesa un momento crítico, en el que garantizar el derecho a la información resulta clave para un proceso electoral transparente.
“Es lamentable que, en Bolivia, pese a la gravedad de los hechos, no exista aún justicia. Vamos a llevar este caso a los organismos internacionales para que se conozca la vulneración que sufrieron los periodistas y para que se demande las sanciones que establece la ley para los responsables”, afirmó José María Cepeda.
