Aguilera sobre Evo: "La Policía no necesita garantías, tiene que hacer estrategias"
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, aseguró que la institución del orden no requiere garantías para cumplir la orden de aprehensión contra Evo Morales, sino que necesita elaborar planes y estrategias efectivas para lograr su captura.
El viceministro indicó que esperan recibir "directrices claras" para ejecutar el mandamiento de apremio contra Morales, quien está imputado por el delito de trata de personas.
"Las acciones desarrolladas por la Policía boliviana cumplen, en principio, un mandato legal y, en segundo lugar, un mandato operativo. Estos deben reunir ciertos requisitos desde el punto de vista logístico, administrativo y, por último, de planificación. Cuando se cumplan estos aspectos y se reciban las directrices claras, se procederá con la ejecución", explicó Aguilera.
La orden de aprehensión contra Morales, emitida por la Fiscalía, fue confirmada por el fiscal general del Estado, Roger Mariaca.
Sin embargo, Aguilera señaló que ciertas circunstancias, generadas por allegados al expresidente, han obstaculizado la ejecución de dicha orden por el caso de trata de personas que se encuentra investigado en Tarija.
Mencionó, por ejemplo, las declaraciones del diputado Gualberto Arispe, que podrían constituir un delito y actualmente están bajo investigación.
"La Policía no necesita garantías, la Policía tiene que hacer planes y estrategias para lograr las aprehensiones de esta persona (Evo Morales) o de cualquier otra", afirmó Aguilera.
El expresidente Morales, quien se encuentra en el trópico de Cochabamba bajo la protección de sus bases cocaleras, ha sido citado para una audiencia de medidas cautelares el 14 de enero.
La Fiscalía adelantó que solicitará prisión preventiva para el exmandatario, en el marco de la investigación donde se lo acusa de mantener relaciones sentimentales con una adolescente y de haberla embarazado mientras era Presidente de Estado.
En este contexto, la presunta víctima solicitó al Fiscal General del Estado que se amplíe la investigación contra el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, argumentando que ambos tenían conocimiento de este hecho desde hace varios años.
