Conciliación por “octubre negro” no tiene incidencia en procesos en Bolivia
Luego de la conciliación confidencial entre las víctimas de la ‘guerra del gas’ y el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, dentro de un proceso civil llevado en una corte de Estados Unidos, Mauricio Balcázar, vocero del exmandatario, lamentó que algunas personas se aprovechen del dolor de las víctimas para sacar réditos, como Thomas Becker. En tanto, autoridades de gobierno señalan que este hecho no influye en los procesos que tiene el exjefe de Estado en Bolivia y que incluye un proceso de extradición.
Balcázar sostiene que los verdaderos culpables como Evo Morales “que armó la confrontación desde marzo de 2003”, no están en el proceso
“Lamento que los dirigentes, no las víctimas sino los dirigentes, quieren sacar réditos políticos con esto como Thomas Becker en especial, que esta haciendo de esto un marketing macabro. En este y otro juicio nunca estuvieron los culpables, hay que restringirse a lo que dice el comunicado común, y es un comunicado que está firmado por ambas partes y forma parte del arreglo”, señaló Balcázar en contacto con Los Tiempos.
En ese contexto, desvirtuó que el acuerdo que se suscribió “no significa de ninguna forma asumir responsabilidad o culpabilidad por los sucesos acaecidos en octubre de 2003, y que los verdaderos culpables no están procesados”.
“La guerra del gas se hizo durante esos días, eso Evo Morales lo tenía planeado ya, desde marzo de 2003, o sea 6 meses antes ya estaban hablando de usar el tema del gas solo que estaban esperando el momento oportuno, según pruebas que tenemos”, afirmó.
Agregó que lo ocurrido en 2003 “ha sido un golpe de Estado con ayuda de Carlos Mesa, sabían que estaba en conversaciones con el MAS, sabían que era una persona que podían dominar’.
Impunidad
Sin embargo, el jurista estadounidense que acompaño el proceso, Thomas Becker, refiere en el proceso civil en Estados Unidos determinó la culpabilidad de ‘ejecuciones extrajudiciales’.
“El veredicto dice que Goni y Sánchez Berzaín son responsables de ejecuciones extrajudiciales. (...) Esto va a estar en los libros legales de los Estados Unidos, es una victoria enorme”, sostuvo Becker.
Pero este aspecto fue refutado por el portavoz del expresidente Sánchez de Lozada, Balcázar que refiere que no hay culpabilidad alguna, hecho que se plasmó en el convenio,
“El arreglo dice claramente que es confidencial, es conjunto y aceptan el otro lado (las víctimas) de que no hay responsabilidades en esto y por eso se ha llegado a un acuerdo, nunca se hubiera firmado esto si la otra parte hubiera exigido que se asuma responsabilidad”, precisó Balcázar.
Añadió que “lamento que se juegue con esto, que tiene que ver con personas que ha fallecido, con familiares que han sufrido n esto, pero eso no importa al señor Becker, quien tiene otra agenda”.
El caso que los llevó a juicio se abrió por la Ley de Protección para las Víctimas de Tortura, una de las dos únicas normas de ámbito extraterritorial en Estados Unidos que autoriza procesar delitos cometidos fuera del país en tribunales federales estadounidenses.
Proceso en Bolivia
El canciller Rogelio Mayta, uno de los impulsores de juicio contra las exautoridades, recordó que en 2005 se determinó iniciar una acción civil para resarcir el daño causado a las víctimas y sus familiares.
“La sentencia es una gesta de nuestra lucha popular tras un largo juicio que se siguió en los Estados Unidos. Pero el tema está pendiente en Bolivia, en otro juicio”, sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores.
Refirió que en 2003 ocurrió una masacre producto del rechazo popular a la venta de gas a Estados Unidos por puertos chilenos, que obligó a renunciar a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín.
En ese contexto, Mayta indica que desde entonces los persigue la justicia boliviana por los delitos de lesa humanidad y que transcurridas dos décadas las autoridades estadounidenses guardan silencio a los requerimientos de extradición.
El activista en Derechos Humanos, David Inca, aclaró que ese proceso es civil y de menos de 10 víctimas, pero aún queda pendiente el proceso penal y su extradición por más de 80 víctimas.
“Ahora, ellos (los que conciliaron) no podrán hacer un proceso civil a Goni en Bolivia, pero está pendiente el proceso penal por las muertes de octubre de 2003”, indicó.
Responsabilidad
En abril de 2018, un jurado civil de Estados Unidos declaró al expresidente Sánchez de Lozada y su ministro de Defensa, Sánchez Berzaín, responsables de las ejecuciones extrajudiciales de indígenas en 2003 durante la llamada “Masacre de octubre”.
En la oportunidad, se determinó indemnizar con 10 millones de dólares a los demandantes.
Sin embargo, en junio de 2018 un juez de Estados Unidos “anuló el fallo que declaraba responsable al ex presidente y exministro”.
El juez federal James Cohn emitió un fallo firme y dijo que la evidencia presentada al jurado había sido “legalmente insuficiente” al considerar que los demandantes no presentaron pruebas de un “plan concebido para matar civiles”.
Por la confidencialidad, no se conoce oficialmente el monto de la indemnización para las víctimas, sin embargo, se deslizó que serían los 10 millones de dólares establecidos en el proceso civil.
