Ministro Pary busca elevar a rango de ley dos decretos que el magisterio rechaza
El magisterio urbano de La Paz rechaza la intención del Ministerio de Educación de elevar a rango de ley los decretos supremos 1302 y 1320 por considerar que vulneran las garantías procesales establecidas en la Constitución Política del Estado (CPE). En esta se determina que ningún maestro o ciudadano puede ser sancionado sin haber sido debidamente escuchado y procesado.
“Hay el criterio de la presunción de inocencia. Lamentablemente, con los decretos supremos 1302 y 1320, también con la Resolución Ministerial 374, se eliminan esos derechos constitucionales. A un maestro ante una sola denuncia, sin haber hecho el proceso correspondiente, es suspendido de su fuente de trabajo y aparte de ser suspendido l e quitan su salario”, señaló el profesor José Luis Álvarez, dirigente del Magisterio Urbano de La Paz.
El titular de Educación, Edgar Pary, ante la Comisión Especial de Investigación de Violencia de la Asamblea Legislativa, señaló que las dos normas son importantes, pero rechazadas por muchos maestros.
“En su pliego solicitan la abrogación de estos dos decretos supremos, para nosotros son muy importantes por lo que estamos ya en proyecto para que esto se convierta en ley para que tenga más fuerza”, dijo.
Sostuvo que estas normativas fueron cuestionadas desde que fueron emitidas y que no se puede aceptar que se abroguen normas que protegen a los niños y niñas en las unidades educativas.
“Nosotros no vamos a aceptar el tema de la abrogación, porque si abrogamos estaríamos desprotegiendo totalmente a nuestros estudiantes en las unidades educativas”, aseguró.
Decreto Supremo
En el Decreto Supremo 1320, en su artículo único que modifica el parágrafo I del artículo 3 del DS 1302, se establece que el “director, docente o administrativo que fuera imputado formalmente por la comisión de delitos de agresión y violencia sexual en contra de las niñas, niños y adolescentes estudiantes, será suspendido de sus funciones sin goce de haberes, mientras dure el proceso penal correspondiente, como medida de seguridad y protección del menor”.
En ese contexto, el profesor Álvarez afirmó que todos los ciudadanos “tenemos derecho a la presunción de inocencia, al debido proceso y al derecho a defendernos”.
“Se ha convertido norma en el Gobierno (...) eliminar esas garantías procesales, sancionar primero y luego ver qué ocurre en el proceso. Por eso, cuestionamos estos decretos, por ser anticonstitucionales”, dijo el dirigente.
No se oponen a sanciones legales
El dirigente del magisterio urbano de La Paz, José Luis Álvarez, aseguró que los maestros están de acuerdo que se sancione a los que incurren en ilícitos, pero en el marco de la Constitución Política del Estado, además dijo que el problema de la violencia es estructural. “Los que estamos en estado de indefensión somos los maestros, estamos de acuerdo que se sancione, que se investigue, se procese a todos los que cometen ese tipo de delitos de violencia física, de acoso sexual, pero todos deben tener el derecho a la presunción de inocencia”, manifestó.
