Identifican violación a derechos y la mayor parte apunta al Ministerio de Gobierno por exhibición de personas
El Observatorio de Defensores de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas) identificó entre enero y mayo de este año, 87 vulneraciones a la institucionalidad democrática, de los cuales 50 fueron atribuidas al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo por las exhibiciones o exposiciones de personas a quienes acusa de diferentes delitos, violando así la presunción de inocencia.
Un informe del Observatorio explica que, de esa cantidad, 54 son actos o declaraciones contrarios al ejercicio de derechos, 18 responden a procedimientos no basados en la norma, 10 a casos de corrupción de autoridades, tres a casos de no independencia institucional, uno de no independencia personal y uno de procesos no adecuados en la elección de autoridades.
En relación a los actos atribuidos al Ministerio de Gobierno, recuerda que, según el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, la presunción de inocencia es uno de los pilares de un Estado democrático de derecho y es condición indispensable del debido proceso legal.
“Impone la carga de la prueba a la acusación, garantiza que no se presuma la culpabilidad a menos que se haya demostrado la acusación fuera de toda duda razonable, asegura que el acusado tenga el beneficio de la duda, y exige que las personas acusadas de un delito sean tratadas de conformidad con este principio”, precisa.
Entre los 18 registros de procedimientos no basados en la norma se encuentran casos como la entrega de vehículos robados en Chile a instituciones y organizaciones sociales de parte del Órgano Ejecutivo; o el trato judicial hacia el expresidente del Comité de Autodefensa de la Asociación Departamental de Productores de Coca, César Apaza, pese a su estado de salud.
Cita también la firma de un acuerdo entre militares y pobladores de Calamarca, en La Paz, para no comisar vehículos indocumentados; o el protagonizado por los vocales Jimmy López Rojas y Diego Ramírez Cruz de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, quienes para tomar una decisión judicial en una acción en contra de tres periodistas apelaron a ChatGPT.
En los 10 casos de corrupción de autoridades, resaltan los casos de la jueza Gladys Bacarreza, detenida por el extravío de expedientes y más de 90 demandas; también el caso de la exsecretaria municipal de Administración y Finanzas de la Alcaldía de Santa Cruz, Sandra Velarde, quien se declaró culpable por el delito de incumplimiento de deberes durante la ejecución del sistema de buses de tránsito rápido.
Otros casos tienen como actores vulneradores a la exministra de Salud, Sonia Polo, condenada a ocho años de prisión por irregularidades en el caso Lotex o el reciente caso de presunta corrupción que involucra al exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos.
Los tres casos de no independencia institucional tienen que ver con las declaraciones del ministro de Justicia, Iván Lima, respecto a las elecciones judiciales, en las que indica que en esta nueva elección “no va a decidir Evo Morales”.
Otro parecido se produjo cuando mencionó que la reforma constitucional impulsada por un grupo de juristas independientes iba a ser negada por el Tribunal Constitucional (19/03/23) y también cuando afirmó que el expresidente Carlos Mesa pasaría de acusador a acusado por los hechos registrados en 2019.
El único caso de procesos no adecuados en la elección de autoridades se registró con la disposición de que militantes recientes de un partido político puedan ser candidatos al Tribunal Constitucional, según el reglamento de preselección de candidatos.
El otro caso único de no independencia personal se dio cuando el juez Marco Amaru llamó al diputado Renán Cabezas para interceder por el juez Freddy Choque, acusado por el delito de consorcio y extorsión, según la versión del legislador.
Aclara que el Observatorio de UNITAS hace un seguimiento diario a la situación de la institucionalidad democrática en Bolivia, entendida como el “presupuesto indispensable para el ejercicio pleno de todos los derechos y libertades fundamentales, que implica la separación, independencia y equilibrio de poderes, así como el ejercicio efectivo de derechos políticos, a través de elecciones libres y justas, y el respeto y la promoción del pluralismo en la sociedad”, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
