Fiscalía llama a Cuéllar y líder de la UJC se declara clandestino; ven persecución
Durante las últimas 48 horas, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, fue citado por la Fiscalía a declarar por el paro de 36 días en Santa Cruz en 2022. Además, el vicepresidente de la Unión Juvenil Cruceñista del Plan 3.000, Oswaldo Sánchez Vázquez, fue detenido y su presidente, Gary Gonzales, se encuentra en la clandestinidad.
Para analistas y políticos de la oposición, el Gobierno, a través del sistema judicial, ejerce persecución política contra la dirigencia cruceña con el fin de descabezar cualquier tipo de liderazgo del sector opositor.
El analista Franklin Pareja señaló que este escenario evidencia que se pretende sofocar anticipadamente nuevos liderazgos en Santa Cruz, toda vez que tienen anulado al opositor Luis Fernando Camacho. “Probablemente entiendan que Cuéllar es un potencial nuevo líder que podría generar incomodidad y turbulencia en el mediano plazo”, sostuvo.
Pareja dijo que es una evidente persecución política con el empleo “abusivo y atropello del sistema judicial, porque no hay ningún acto delictivo que haya creado el señor Vicente Cuéllar. Si recordamos el momento, fue uno de los más moderados facilitadores y ha tendido puentes entre el Comité y el Gobierno”.
Por su parte, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), George Komadina, dijo que los últimos hechos se suman a una lista muy larga de acoso y de detenciones arbitrarias que no respetan los derechos humanos de un conjunto de opositores.
Sobre el caso del rector, indicó que es particularmente sesgado, planificado porque se quieren acallar “las voces de la oposición por haber organizado una medida de protesta legítima contemplada en el CPE”.
Asistencia
Cuéllar confirmó que asistirá a declarar a la Fiscalía el próximo jueves. Sin embargo, reiteró que no confía en la justicia boliviana y que se le acusa por delitos “inexistentes” relacionados con el paro de 36 días que lideró en Santa Cruz, en 2022.
“Lamentablemente, la forma de administrar justicia está totalmente cooptada por el poder político. Uno cuando es citado a prestar una declaración no sospecha que es lo que pueda pasar, todo puede imaginarse”, manifestó.
Cuéllar aseveró que es acusado por delitos que no cometió y afirmó que el paro de los 36 días fue el mandato de un cabildo, mecanismo que, dijo, es reconocido como una forma de democracia directa.
