En 2020 alertaron sobre la entrega irregular de bienes en el Gobierno
El Ministerio de la Presidencia alertó en febrero de 2020 que halló “procesos irregulares” en la entrega de bienes desde la Unidad de Administración de Bienes Adjudicados (UABA) durante el gobierno de Evo Morales. La advertencia fue emitida en la gestión de la presidenta transitoria Jeanine Áñez, pero ahora la dependencia está involucrada en la dotación de dos vehículos reportados como robados en Chile. La actual ministra de la Presidencia, María Nela Prada, aseguró que su despacho sólo recibe bienes que ya fueron nacionalizados con informe de Aduana y de la Policía, por lo que descartó incumplimientos de deberes.
“La Unidad de Administración de Bienes Adjudicados (UABA) realizaba actividades incumpliendo la normativa vigente, ocasionando procesos irregulares en entrega de bienes. La unidad no contaba con reglamentos claros que coadyuven a que las funciones se realicen de manera transparente y equitativa”, señala el documento de Rendición de Pública Cuentas de 2020.
En ese entonces, la Directora de la UABA Alejandra Díaz sostuvo que antes de 2019 se eligieron con “discrecionalidad” a los beneficiarios. Extremo que, según la diputada Luisa Nayar, de Comunidad Ciudadana (CC), continúa vigente en el Gobierno de Luis Arce.
Sobre el manejo de los 16 almacenes en el país se calificó como “deficiente” por no tener orden ni ambientes adecuados que permitan el almacenamiento y salvaguarda correcta de mercancías y vehículos, “lo que generó hurto y robo de mercancías, accesorios de vehículos, etc”.
En la actualidad se desconoce el estado de los almacenes y bienes que fueron adjudicados por el Ministerio de la Presidencia. El Deber buscó la documentación referida a la Rendición de Pública de Cuentas en el portal web y en las redes sociales oficiales de ese ministerio. Sin embargo, no halló material escrito ni audiovisual de respaldo, como establece el Artículo 37 de la Ley Nº 341.
“La difusión del informe deberá realizarse por escrito y en la página web de la entidad con anticipación de 15 días calendario a la realización del acto. La rendición pública de cuentas se realizará al menos dos veces al año, de manera semestral, en forma clara y comprensible presentada en acto público ampliamente convocado para el efecto”, refiere la norma.
Este medio se contactó con Comunicación de Presidencia e informaron que “el informe final (de 2022) está en revisión, pero seguramente saldrá un boletín o algo parecido”. Respecto a la documentación de 2021 tampoco hay registro. El Deber se contactó con la jefa de gabinete para solicitar la rendición de cuenta de 2021, pero no hubo respuestas.
Las observaciones al trabajo del Ministerio de la Presidencia y al desempeño de la titular María Nela Prada surgieron por la donación de manos del jefe de Estado al Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) de un vehículo reportado como robado en Chile, el 27 de marzo.
A este hecho se sumó la reciente denuncia de otro motorizado robado en territorio chileno que fue entregado a la Cámara de Diputados en junio de 2022. Existe la sospecha de un tercer auto que se habría entregado en Coroico.
Desde el Gobierno señalaron que estos hechos son “aislados” y no sería un problema “generalizado”. La ministra Prada enfatizó que su cartera de Estado adjudica vehículos “nacionalizados”.
“De acuerdo a norma se solicita un certificado de que esos autos no tengan denuncias, ahí las instancias que intervienen son Diprove y la Aduana Nacional. En el caso de la Presidencia, el vehículo se encuentra nacionalizado, por lo tanto, no es un requisito que nosotros solicitamos sino que nos llegan con la póliza de importación con las características técnicas y la resolución de adjudicación”, explicó la ministra.
Respecto a cómo se eligen a los beneficiarios, la Presidencia informó que “no existe criterio de selección, (sino) son atendidos de acuerdo a sus requerimientos, la disponibilidad y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución Ministerial Nº057/2020”.
Para la diputada denunciante Luisa Nayar, desde la Casa Grande del Pueblo “se vienen realizando un sinfín de hechos irregulares en torno a la entrega de estos vehículos chutos, pero sobre todo una prebenda para con sus movimiento sociales”. La parlamentaria activó una demanda contra la ministra Prada, el ministro Eduardo Del Castillo y la presidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, por incumplimiento de deberes, corrupción, receptación y encubrimiento.
Caen cinco funcionarios
Al menos cinco funcionarios, dos policías y tres civiles aduaneros, fueron apartados de sus cargos por vulnerar normativa interna en el caso de autos robados. El Gobierno responsabilizó a las autoridades de Chile por no actualizar su sistema de denuncias y por no proteger sus vehículos que son hurtados e internados a Bolivia.
“De la Policía Boliviana han participado un teniente coronel y una suboficial. En la Aduana Nacional, han participado tres personas: un técnico aduanero, un administrador de la Aduana interior de Tarija, y el jefe nacional de Disposición de Mercancías, los mismos que ya han sido apartados de sus funciones. No obstante, queremos comunicar que los procesos van a continuar en cuanto a estas personas”, afirmó Del Castillo.
Los policías fueron sancionados por remitir información “parcial” sobre los vehículos a la Aduana Nacional. Serrudo y Del Castillo apuntaron que no existe un sistema interoperable “actualizado” entre Chile y Bolivia para corroborar las denuncias de robo y otros ilícitos en tiempo real.
“La Aduana solicita a Diprove que certifique si el vehículo es robado y si tiene o no denuncia internacional, pero Chile actualiza tarde su sistema”, explicó Serrudo.
El exdirigente de la COR de El Alto Roberto De la Cruz señaló que las sanciones no deben ser a los bajos rangos sino a los “jefes”.
El Gobierno se comprometió a devolver los dos vehículos chilenos a los propietarios y harán las gestiones para evitar la burocracia. El Grupo de Búsqueda de Vehículos advirtió que hay al menos 12 autos donados y 5.000 coches de Chile en Bolivia.
