Fiscalía allana oficinas del intervenido Banco Fassil e investiga denuncia de legitimación de ganancias ilícitas
Personal de la Fiscalía allanó este miércoles oficinas del intervenido Banco Fassil en la ciudad de Santa Cruz, como de las investigaciones por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.
Los operativos se desarrollaron en oficinas unidas en la denominada Mazana 40. La fiscal Yolanda Aguilera informó de las actuales investigativas que se intensificaron en los últimos días para establecer responsabilidades y esclarecer el delito denunciado.
"Hemos dado cumplimento a las órdenes de allanamiento emitidas por el juez que controla esta investigación. Es un proceso penal que se abrió por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas", informó Aguilera.
Este es un segundo proceso penal activado, la segunda denuncia fue presentada por los ejecutivos de Manzana 40 Plaza Empresarial S.R.L. contra el expresidente de Fassil, Ricardo Mertens O., quien representaba legalmente a Financial Group S.A. y presuntamente usó esa empresa para desviar más de $us 13 millones de la entidad financiera.
"Estamos en pleno proceso investigativo, hemos colectado algunas evidencias y vamos a pedir otra documentación que sea necesaria", remarcó Aguilera.
Según la denuncia, Manzana 40 y Financial Group S.A. suscribieron cinco contratos en 2020, a través de los cuales se entregó oficinas al Banco Fassil por 13 millones de dólares bajo la modalidad de "préstamo".
Sin embargo, según los denunciantes, se recurrió al dolo y al engaño para hacer figurar como parte de un proceso de compra y venta con el fin de que las oficinas pasen a ser activos de otras empresas vinculadas a Fassil.
El principal investigado, Ricardo M., está recluido en el penal de Palmasola de manera preventiva por delitos financieros, junto a otros tres exejecutivos de Fassil.
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) intervino el 26 de abril el Banco Fassil, por el incumplimiento en el pago de una y más obligaciones contraídas con sus clientes.
Más de 500 oficinas en Santa Cruz y 200 en el resto del país están bajo fiscalización y controladas.
