Justicia vulneró el derecho a la salud de siete exautoridades y dirigentes sociales
Cesar Apaza, Eidy Roca, Juan Carlos Manuel, Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho, Marco Antonio Aramayo y Elvira Parra, son algunas de las exautoridades y dirigentes sociales a quienes se restringió atención médica oportuna por parte de la Justicia. Activistas de derechos humanos advierten que estos hechos no son aislados y que se sigue un patrón de amedrentamiento.
El último caso fue de la exministra de Salud Eidy Roca que después de un año de peregrinar en estrados judiciales, además de cumplir exigencias extremas dictadas, la semana pasada obtuvo permiso para tratar la enfermedad degenerativa que padece, en el exterior.
Al respecto, el activista de derechos humanos Franco Albarracín advirtió que se identificó un patrón en todos los casos donde se niega el acceso a la atención médica, además que eso refleja que no son acciones aisladas, sino que son planificadas con la intención de afectar a la integridad física de las víctimas.
"Algo que debemos destacar es que estos casos no son aislados, son situaciones que están siendo planificadas por las autoridades de Gobierno. Son hechos planificados que buscan atentar en contra de la vida de las personas que están con detención preventiva o que, en algún momento, son perseguidas por la justicia, como fue el caso del exdirigente de Comcipo (Juan Carlos Manuel) que murió en la clandestinidad", afirmó a la ANF.
A mediados de abril se conoció la situación delicada de salud de la exministra, cuando en una audiencia de apelación solicitó que se le otorgue permiso de viajar a Argentina para tratar la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). En esa oportunidad estaba postrada en una cama, con dificultad para hablar y respirar, además de tener una sonda en el estómago por donde se alimenta.
Los casos
El hecho más relevante fue del exdirector del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, que falleció en abril de 2022, luego de permanecer más de siete años con detención preventiva. De acuerdo al informe del Instituto de Terapia a Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y Violencia del Estado (ITEI), en 17 ocasiones se le prohibió el acceso de atención médica.
Tras la muerte de Aramayo, se conoció que la salud de la exdirectora de esa institución Elvira Parra, recluida por ese mismo caso, desarrolló un problema de diabetes y padece de hipertensión arterial. Denunció que le dieron permiso para acudir al médico.
En febrero, el expresidente del Comité de Autodefensa de la Asociación Departamental de productores de Coca (Adepcoca), Cesar Apaza sufrió una preembolia en la cárcel de Chonchocoro, debido a la falta de atención médica. Fue internado en el hospital de clínica, pero dos meses después y pese a que no se valía por sí mismo, lo trasladaron al recinto carcelario donde permanece.
La vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Marina Vargas, aseguró que se vulneraron los derechos de Apaza desde el momento de su detención, porque después de los golpes que recibió por parte de los policías, no fue atendido por un médico y desde entonces se encontraba con varias dolencias.
En enero de este año, el expresidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) Juan Carlos Manuel falleció a causa de complicaciones por una enfermedad de base, que no fue atendida de forma oportuna. A finales de 2021 se declaró en la clandestinidad, luego que la fiscalía emitió una orden de aprehensión por la quema del Tribunal Electoral Departamental (TED), en noviembre de 2019.
Tras ser enviado a la cárcel de Chonchocoro, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, su salud se agravó porque no recibió el tratamiento para las dos enfermedades que padece: hipogamaglobulinemia y síndrome de Churg-Strauss, que comprometen su sistema autoinmune.
En abril de 2021, la expresidenta Jeanine Añez recluida en la cárcel de Miraflores por el denominado caso golpe I, su estado de salud se deterioró. Una junta médica recomendó su traslado, pero el médico del penal dijo que su situación de privación de libertad no le permitía ser tratada como cualquier paciente.
Patrón de amedrentamiento
Albarracín explicó que en estos casos se identificó un patrón o mecanismo de amedrentamiento y la vulneración sistémica de sus derechos humanos, se inicia un proceso penal que está viciado de varias irregularidades y, una vez que están recluidos, se restringe el derecho a recibir atención médica.
"Podemos identificar que en Bolivia existe un patrón de vulneración de derechos humanos, se las detiene a estas personas por diversos temas, se determina su detención preventiva de forma ilegal y, una vez que están detenidos, se les restringe de sus derechos básicos, generalmente vinculados al derecho de la salud", manifestó.
La hermana de la exministra, Lady Roca, lamentó el rol de la Defensoría del Pueblo porque no intervino en ninguno de estos casos de forma activa, solo se limitó a emitir pronunciamientos o hacer visitas que no tenían ningún efecto coercitivo contra el gobierno y la justicia.
