Judiciales costarán Bs 204 MM y con las mismas reglas; MAS alista convocatoria

Las elecciones judiciales programadas para 2023 costarán más de 200 millones de bolivianos, que representan la suma de los dos procesos anteriores, 2011 y 2017.  Además, el gobierno prevé repetir el esquema, en el que los votos nulos y blancos fueron superiores a los válidos, por lo que los electos fueron calificados de faltos de representatividad. Los Juristas Independientes afirmaron que no es posible aplicar de nuevo las reglas vigentes que llevaron al sistema de justicia a la crisis que enfrenta.

En enero pasado, los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Francisco Vargas y Dina Chuquimia, indistintamente, adelantaron que el presupuesto para los comicios judiciales era superior a los 200 millones de bolivianos.

“Trabajamos el presupuesto para las elecciones judiciales de este año y (...) confirmamos el dato de 204 millones de bolivianos que vamos a requerir”, sostuvo Chuquimia en su oportunidad.

En este contexto y ante el éxito de la recolección de firmas para la reforma de la justicia, a través de un referéndum, que contempla el cambio de reglas en la elección de las altas autoridades judiciales, el partido de Gobierno, a través del Ejecutivo y el Legislativo, adelantaron que el proceso “ya programado para octubre 2023” será con la normativa vigente.

Convocatoria

Con esta intención, desde la Asamblea Legislativa, el oficialista MAS anunció que la convocatoria para la preselección de postulantes a magistrados y magistradas al Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional y Consejo de la Magistratura será entre los últimos días de marzo y los primeros de abril.

“En marzo debemos aprobar el reglamento como la convocatoria para la preselección de las altas autoridades del Órgano Judicial, seguramente se va a socializar la convocatoria, debería ser hasta los últimos días de marzo y los primeros de abril máximo, para cumplir (con las fechas)”, dijo el presidente de la Comisión de Justicia Plural del Senado, Luis Adolfo Flores (MAS).

Comicios anteriores

Las dos elecciones judiciales anteriores costaron más de 200 millones de bolivianos. En estas los votos nulos y blancos superaron el 50 por ciento.

Para la elección de 2011, se destinaron 85,1 millones de bolivianos, aunque señalaron que fueron 104 millones. En la Asamblea Legislativa Plurinacional se preseleccionó a 118 postulantes y estuvieron habilitados 5.243.375 electores y electoras.

Se contabilizaron 1.768.576 votos válidos (42,34%), 629.469 votos blancos (15,07%) y 1.779.425 nulos (42,60%).

Las elecciones judiciales de 2017 tuvieron un presupuesto de 125 millones de bolivianos. En la Asamblea Legislativa Plurinacional fueron preseleccionados 96 postulantes.

Los pasos a seguir en las judiciales

En la ruta crítica del proceso judicial se establece que la Asamblea Legislativa, en el marco de sus competencias, apruebe el Reglamento Interno para la preselección y selección de postulantes a las cuatro instituciones del Órgano Judicial.

Para estos comicios se contempla el empadronamiento biométrico, la capacitación de jurados electorales y de notarios, y la difusión de méritos de cada candidato, entre otras actividades.

Del Granado dice que se requiere apurar firmas

Juan del Granado, del grupo Juristas Independientes que impulsa el referendo para la reforma judicial, aseveró que se busca apurar tiempos para evitar que las elecciones de los magistrados se realicen con las normas actuales.

El legista dijo, según reporte de Urgente.bo, que existe la necesidad de apurar los tiempos al máximo posible y acelerar la adhesión ciudadana porque no se puede llegar a la nueva selección con las normas actuales, porque “son aquellas que están en la Constitución que han provocado este sometimiento absoluto de los jueces supremos al poder político de turno”.

Agregó que es posible que el referendo sea en julio o agosto, y que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), luego de recabar las firmas, tiene un plazo no mayor a los 60 días para verificar las rúbricas. El Tribunal Constitucional tiene 30 días para verificar la constitucionalidad de la propuesta.

“Con esas nuevas normas se debe y se puede realizar la nueva selección de magistrados supremos (...), tenemos que cambiar esa vergüenza de selección”, indicó.