Acusan a Chávez de ocuparse sólo de contar actas y perseguir opositores

Durante sus 20 meses de gestión como procurador, Wilfredo Chávez impulsó el recuento de casi 35.000 actas de las elecciones anuladas de 2019 “para demostrar que ese año no hubo fraude”, sino un “golpe de Estado” y aseguró que se trataba de “un acto de justicia y de verdad”. Se dedicó a perseguir a opositores cuando se sumó, como parte demandante, en el juicio contra la expresidenta Jeanine Áñez y está siguiendo paso a paso el proceso contra el exministro Arturo Murillo en EEUU. Para analistas y políticos estas actividades no corresponden a la cartera que dirige Chávez y lo acusan de negligencia y de mantener abandonada la defensa legal del Estado.

Las críticas contra Chávez se dan luego del fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) que instruye a Bolivia pagar 105 millones de dólares al español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) por los retrasos en el proceso de nacionalización del sistema de pensiones en 2010.

Chávez desafío en 2021 a los opositores políticos a revisar las actas y verificar si hubo o no fraude electoral y aseguró que “tienen reservadas butacas especiales en la Procuraduría”. Este acto fue calificado como  persecución política.

Asimismo, se involucró en el proceso internacional que tiene el exministro Arturo Murillo, en EEUU, por los delitos de soborno y lavado de dinero, cuando su rol era otro: “Tiene como finalidad promover, defender y precautelar los intereses del Estado”, establece el artículo 2 de la Ley de la Procuraduría General del Estado (Ley 064).

La senadora por Creemos Centa Rek lamentó que Chávez se haya involucrado más en los temas políticos antes de cumplir su verdadero rol.

“La Procuraduría está abandonada. (Chávez) se dedicó a hacer política y se ha involucrado en temas que no le corresponde, haciendo fiscalización de las actas y no se ha ocupado de este tema (proceso con el BBVA), que es lo que le compete: defender al Estado como corresponde”, dijo Rek.

Añadió que “esta pérdida que se ha tenido es un daño económico gravísimo por la ineficiencia desde el Viceministerio de Gestión Social y del Procurador General del Estado. Vamos a pedir un informe sobre este tema”.

El analista político Carlos Borth explicó que este es resultado en contra de Bolivia se debe a “un defecto estructural de la visión del MAS” por creer que la historia del país comienza con ellos y todo lo ocurrido hasta 2006 es secundario.

Asimismo, señaló que hasta la fecha el monto que “está pagando, debe o va a pagar” el Estado por concepto de indemnizaciones, expropiaciones y nacionalizaciones “se está aproximando a los 1.000 millones de dólares”.

“El Procurador ha tenido que incurrir en negligencia, no hay otra explicación. Negligencia en el escenario de la concertación, si tuvo 60 días para acordar algo con el banco español era el momento de resolver, sin mencionar que antes estuvieron dialogando”, dijo Borth.

El expresidente  Carlos Mesa dijo que la ineptitud o corrupción de los procuradores “masistas” genera pérdidas económicas inaceptables para el país.

“Como ocurrió con Quiborax, el Gobierno termina pagando más de lo que pedían los arbitrajes. Por la ineptitud o la corrupción de los procuradores masistas, se generan pérdidas inaceptables que seguramente Arce va a socapar, como lo hizo el dictador prófugo”, publicó en su cuenta de Twitter.

Con este nuevo dictamen, suman al menos 12 arbitrajes perdidos por Bolivia a raíz de la “nacionalización” de diferentes empresas. Todos esos procesos le costaron al país unos 714 millones de dólares, según un informe que la Procuraduría presentó por petición del diputado de CC Marcelo Pedraza.

Suman pedidos para que el Procurador renuncie

Diferentes actores políticos piden la renuncia de Wilfredo Chávez del cargo de procurador. Además, solicitan a la Contraloría realizar una auditoría jurídica a la Procuraduría General del Estado para establecer el estado real en el que se encuentra esa institución, en especial las causas por las que perdió juicios internacionales.

El diputado de CC Alejandro Reyes señaló que es una tradición que la Procuraduría General del Estado pierda litigios en los que está involucrado el Estado, lo que demuestra el pésimo trabajo y la negligencia de la autoridad. El legislador indicó que ahora más que nunca se necesita saber cuánto dinero perdió el Estado y si la institución cuenta con profesionales competentes.

“Conminamos a la contralora interina (Nora Mamani) a que de una vez por todas arme la defensa y la auditoría legal de la Procuraduría General del Estado para saber el estado en el que estamos y, principalmente, si cumple sus funciones”, señaló Reyes a la ANF.

El diputado del Movimiento Al Socialismo Juanito Angulo pidió a la oposición no “politizar” el fallo del CIADI y subrayó que el Estado boliviano tomará acciones de defensa ante instancias internacionales, ya que no se tomó en cuenta los argumentos y pruebas presentadas por el país.

El dirigente de los  jubilados, Rodolfo Ayala, solicitó la renuncia del procurador Wilfredo Chávez.

Responsabilizan también a Arce

Para el analista político Carlos Borth, el resultado de la Ciadi para que Bolivia deba pagar 105 millones de dólares a la BBVA es responsabilidad tanto del presidente Luis Arce Catacora como del procurador Wilfredo Chávez.

“Es responsabilidad absoluta y directa de Luis Arce Catacora, primero como ministro (de economía y finanzas) y ahora como presidente. Como ministro crea la gestora pública del sistema de pensiones y hasta el día de hoy no han podido poner en funcionamiento, además, con graves denuncias en su contra por la adquisición del software para la gestora pública del sistema de pensiones que hasta el día de hoy no se ha aclarado”, dijo Borth.