Abogados ratifican que Régimen Penitenciario es responsable de las torturas contra Aramayo
La defensa legal de Marco Antonio Aramayo ratificó que las torturas psicológicas y físicas que sufrió el exdirector del Fondo Indígena (Fondioc) y que derivaron en el deterioro de su salud y su posterior muerte son responsabilidad "directa" de Régimen Penitenciario, que nunca se ocupó de la salud de la exautoridad. También desmiente al director de esta repartición gubernamental, Juan Carlos Limpias, quien dijo que Aramayo incumplió su tratamiento médico.
"Marco fue torturado psicológica y físicamente y esa es responsabilidad directa de Régimen Penitenciario. La verdad es que Marco Aramayo nunca incumplió su tratamiento, él sabía la lucha que estaba enfrentando, se cuidaba mucho, él veía por su salud y que Régimen venga a decir que en algún momento hizo un seguimiento o un tratamiento, es falso", dijo a ANF, el abogado Héctor Castellón.
El viernes, la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos exigió una investigación "exhaustiva" de la muerte del exdirector del Fondo Indígena, Marco Aramayo, quien estuvo en prisión preventiva por más de siete años tras denunciar un millonario desfalco en esa entidad.
Marco Antonio Aramayo falleció la madrugada del 19 de abril, luego de permanecer tres días en terapia intensiva con un cuadro de coma diabético. Horas después de su muerte, Limpias culpó al fallecido de ser "indisciplinado" respecto al tratamiento médico que se le había prescrito.
La máxima autoridad penitenciaria negó las acusaciones de la defensa de Aramayo sobre una negligencia en la atención médica a su defendido e indicó que el ahora fallecido tenía salidas externas a hospitales de convenio con Régimen y que se corrió con todos los gastos.
El abogado Castellón admitió que en la última etapa en la que Aramayo vio comprometida su salud, poco antes de su ingreso a terapia intensiva, Régimen Penitenciario brindó la asistencia necesaria, como establece la normativa. Sin embargo, resulta contradictorio que luego de la muerte de su defendido, Régimen dé cuenta de que esta asistencia médica y seguimiento haya sido continua, lo que no condice con la realidad.
Explicó que durante los siete años que Aramayo estaba encarcelado fue trasladado "de un lado a otro de acuerdo a conveniencia del Fondo Indígena" y en ningún momento se hizo una revisión médica de rutina al interior de su recinto carcelario.
Dijo que días antes del colapso de la salud de Aramayo fue conducido de La Paz a Santa Cruz y cuando regresó, pese a que tenía un cuadro de hipertensión, no fue sometido a ninguna valoración o revisión médica, "simplemente se lo depositó como si se tratase de un objeto y ahí se lo dejó". Esta situación derivó en el empeoramiento de la salud del exdirector del Fondioc.
"Eso fue lo que empezó a desencadenar una descompensación porque obviamente un hipertenso al bajar de La Paz a Santa Cruz y regresar debía tener una atención mínima, pero nunca la hubo en el penal, no tienen la capacidad de hacerlo y ese continuo devenir de un lugar a otro es lo que ha ido generando un decaimiento de la salud", sostuvo.
Agregó que Régimen "nunca le dio o dijo nada" a Aramayo sobre su salud y que fue su propia iniciativa el cuidarse y hacer los trámites necesarios para salir del penal con el objetivo de realizar sus valoraciones médicas. Calificó de "aberraciones inventadas para salvar responsabilidades" las declaraciones de Limpias y de "falta de respeto" con la memoria de Aramayo.
Sostuvo que ahora, incluso, es sencillo "hacer aparecer" documentos que respalden una teoría distinta, pero la verdad que pasó su defendido es la misma que pasan muchos internos de los centros penitenciarios, que carecen de la debida atención médica en esos recintos y acceden a salidas médicas solo luego de un proceso burocrático largo con varios requisitos.
"Cada salida tiene que ser con orden judicial, lo cual nosotros consideramos atentatorio a los derechos porque primero es revisado por el supuesto médico del penal, se da una orden y esa orden tiene que ser tramitada en vía judicial. No entra directamente al juzgado, tarda de 24 a 48 horas y recién se hace el oficio, que son otras 24 horas; vale decir que tiene que tener por lo mínimo una diferencia de tres a cuatro días para salir, entonces esa ya es una forma de atentar contra la salud de los privados de libertad", denunció.
