Suman las irregularidades en los procesos contra Marco A. Aramayo

Tras la muerte del exdirector del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc) Marco Antonio Aramayo, se develaron más irregularidades en los procesos que se le iniciaron luego de haber denunciado el desfalco a las arcas de ese despacho estatal que involucraba a dirigentes de organizaciones sociales y exautoridades.

Aramayo pasó los últimos siete años de su vida con detención preventiva en unos 56 centros penitenciarios (entre cárceles y carceletas). Se le iniciaron al menos 256 procesos en su contra, todos impulsados por el Movimiento Al Socialismo (MAS), por presunto incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado y otros.

Para la exsenadora de Demócratas Carmen Eva Gonzales, las irregularidades en los procesos contra Aramayo son: abuso de poder, en un caso político; violación de su derecho a un debido proceso, y acceso a una justicia imparcial y oportuna.

No pudo acceder a una investigación independiente, no se respetaron sus derechos humanos ni los derechos que le asisten a un privado de libertad y los casos fueron manejados bajo un sistema judicial “absurdo y arbitrario”. 

“El abuso y la tortura —física, psicológica y judicial— que ha sufrido Marco Antonio Aramayo demuestran que la justicia en nuestro país está agonizando. La justicia está tomada por un poder dominante y dictatorial del masismo”, dijo Gonzales.

En tanto, el abogado de Aramayo, Héctor Castellón, manifestó que inicialmente se detectó la vulneración de sus derechos a la salud, la ausencia de una justicia pronta y efectiva, porque pasó siete años con detención preventiva en etapa preparatoria del proceso, la violación a un debido proceso y que además el exdirector del Fondioc sufrió tortura psicológica, física y sistemática.

“Esas irregularidades son las primeras que se han identificado. Obviamente, vamos a hacer otras apreciaciones. Son más de 50 recintos en los que ha estado recluido, entre cárceles, carceletas, juzgados y dependencias policiales a los que fue conducido”, dijo Castellón.

Añadió: “Son 123 procesos que conocemos, 85 que están en movimiento de alguna manera. Aparte, y a solicitud del Ministerio Público y el Fondo Indígena para fraccionar los 153 proyectos que están en un solo caso, para que se conviertan en 152 casos adicionales a los que ya tiene”.

Sin embargo, el secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, calificó como falsa esta aseveración, “debido a que el Ministerio Público registró 95 procesos; de los mismos, 36 fueron cerrados”.

Entre las figuras más notables de este desfalco al Fondo Indígena están la exministra de Desarrollo Rural y Tierras Nemesia Achacollo, la expresidenta de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) afín al gobierno del MAS Melva Hurtado, la ejecutiva de la Confederación de Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa” Juanita Ancieta, la excandidata a la Gobernación de La Paz por el MAS Felipa Huanca y el exsenador Jorge Choque.

Principales involucrados

La exministra Achacollo fue procesada por este caso y estuvo detenida desde agosto de 2016 a diciembre de 2017. Salió del penal tras beneficiarse con la detención domiciliaria. Pero en diciembre de 2019 le revocaron la medida cautelar; sin embargo, en julio 2020 volvió a salir de prisión con arresto domiciliario.

Ancieta, actual asambleísta departamental por el MAS, quien funge como gobernadora interina de Cochabamba, fue implicada en 2015 por la recepción de más de 8 millones de bolivianos para dos proyectos en su cuenta personal.

La dirigenta aseguró que el dinero fue ejecutado en proyectos de desarrollo productivo. 

“Invertimos en proyectos de desarrollo productivo. Especialmente en el fortalecimiento de la producción. Cabe aclarar a la población que en su debido momento he aclarado esta situación, incluso se han auditado los proyectos. Si alguien tiene pruebas, sería bueno que los demuestre y no sólo dañe mi imagen”, dijo Ancieta al respecto.

Antecedentes 

En septiembre de 2013, Aramayo fue posesionado como director del Fondo Indígena. En su administración, descubrió el manejo discrecional de los recursos económicos de esa entidad, que involucraba a dirigentes de organizaciones sociales y exautoridades. Sin embargo, pasó de ser denunciante a ser el único procesado en este caso.

En febrero de 2015 se presentó a declarar ante la Fiscalía. Esa misma jornada, fue aprehendido y detenido preventivamente. Tras los periplos en juzgados de Santa Cruz, Oruro, Tarija, Potosí, Cobija, Beni y La Paz, el pasado martes 19 de abril falleció.

Indignación

Actuales parlamentarios mostraron su indignación tras la muerte de Aramayo, por la retardación de justicia a la que fue sometido el exdirector del Fondioc, además, cuestionaron que personas involucradas en este desfalco sigan ocupando cargos políticos o estén en libertad.

El asambleísta por la agrupación Súmate Rodrigo Valdivia, por ejemplo, señaló: “Ese señor (Aramayo) denunció el desfalco del Fondo Indígena en el cual están involucradas gente como Felipa Huanca, que fue candidata a gobernadora por el MAS en La Paz; Juanita Ancieta, actual asambleísta, y no podemos olvidarnos de Nemesia Achacollo, gente que ahora goza de libertad”.

Asimismo, la exsenadora Gonzales manifestó: “Esos cargos son el pago político por la obediencia que tienen estos personajes que se roban la plata de los bolivianos. ¿Dónde están esos millones y millones de bolivianos del Fondo Indígena?, sin embargo, hay un muerto a quien lo han acallado”.

En tanto, desde la bancada del MAS en Cochabamba, los parlamentarios señalaron que Marco Aramayo fue una víctima de la mala administración de la justicia en el país, “un mal que afecta a todo el pueblo boliviano, en su conjunto”, dijo Sergio de la Zerda (MAS).