Gobierno ve daño a sus medios y olvida que asfixia a los no masistas
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, denunció ayer un supuesto daño económico a los medios estatales durante el gobierno de Jeanine Áñez y analistas y opositores le recuerdan la asfixia económica contra medios independientes durante los 14 años de administración del Movimiento al Socialismo (MAS) y la discriminación en la asignación de pautas publicitarias.
“Durante el periodo comprendido entre noviembre de 2019 y octubre de 2020, el manejo de los medios estatales ha incurrido en procedimientos fuera de la norma que han causado un daño económico al Estado”, señaló la autoridad en conferencia de prensa.
Según datos, el daño a los medios de comunicación del Estado como radio Patria Nueva, Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios (RPO) y Bolivia TV alcanzaría a 8.965.988 bolivianos.
“Lamentablemente, los medios estatales son manejados políticamente, como extensiones de los aparatos de propaganda. Se ha confundido con medios gubernamentales los medios estatales y eso parece que es un denominador común en las pasadas administraciones y en la actual del presidente Luis Arce”, señaló el exjecutivo de la Asociación de Periodistas de La Paz (ALP) y docente universitario Antonio Vargas.
La diputada por Comunidad Ciudadana (CC) Luisa Nayar, al respecto, manifestó que, más allá de la denuncia de daño a los medios del Estado, es necesario ver de manera integral la destrucción, el perjuicio sistemático del partido gobernante MAS contra medios independientes que cuestionan políticas, acciones que lleva adelante el Gobierno.
La legisladora adelantó que iniciará procesos de fiscalización de los medios estatales, porque funcionan con recursos de los bolivianos, pero que lamentablemente se constituye en un medio propagandístico del MAS.
“Vamos a iniciar las investigaciones con referencias a los gastos que eroga el Estado para pagar a los medios de comunicación estatales”, dijo.
Radio Kausachun Coca
En medio de la denuncia, la viceministra Alcón refirió una afectación que habría sufrido la emisora cocalera del Chapare.
“Existió en el caso de las Radios de los Pueblos Originarios, la quema, el desmantelamiento de las mismas, el ataque a radio Kawsachun Coca un daño económico de 182.744 bolivianos”, refirió Alcón.
Según Nayar, “sólo hacen entrevistas o programas al expresidente Evo Morales. Vamos a presentar una petición de informe, porque no se puede permitir que los bolivianos paguemos medios para limpiar la imagen de Morales”, sostuvo.
Medios independientes
Analistas y asambleístas consideran que al igual que realizan observaciones sobre los medios estatales, se tendría que ver las amenazas a los medios independientes y sus trabajadores, el atentado al derecho de informar por la asfixia económica, entre otros.
Recordaron que existe regulación de publicidad en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos que cuestiona “la utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar, o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas”, expresaron.
Observan contratos de medios desconocidos
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, refirió presuntas irregularidades en la contratación de personal en Bolivia TV en el periodo del gobierno transitorio; sin embargo, no refiere las contrataciones publicitarias que realiza a semanarios, programas u otros.
Por más de una década, el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) ha desarrollado una especie de asfixia económica contra algunos medios de comunicación, particularmente contra los que no comulgan con la línea oficialista.
Informes de 2020 revelaron que en los últimos nueve años del gobierno del expresidente Evo Morales se gastaron 1.718 millones de bolivianos, que beneficiaron a un gran número de semanarios desconocidos y que incluso percibían más dinero que los diarios nacionales.
En 2011, la inversión en publicidad gubernamental fue de Bs 37,6 millones; en 2012, Bs 63,2 millones; en 2013, Bs 103,5 millones; en 2014 (año electoral), Bs 239,5 millones; en 2015, Bs 217,4 millones; en 2016, Bs 204 millones; en 2017, Bs 264,6 millones; en 2018, Bs 291,3 millones, y en 2019 (año electoral), Bs 297 millones.
En una revisión del Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes), se observa que esta lógica discrecional de entrega de avisaje continúa.
En abril pasado, el Gobierno duplicó el presupuesto de Comunicación para el cumplimiento de “objetivos institucionales”, incluyó la subpartida de “consultores individuales en línea”.
El MAS ve a medios como a enemigos
El MAS ve a los medios de comunicación que cuestionan sus políticas como enemigos, refiere el periodista Antonio Vargas.
“La actual administración del presidente Arce ha seguido el camino de la administración pasada de Morales, en el sentido en el cual maneja a los medios de comunicación a través de una lógica amigo o enemigo”, criticó.
Dijo que hay un marco normativo altamente vulnerable para la libertad de expresión, amedrentamiento directo que sufren los trabajadores de la prensa cuando están en tareas de cobertura, además del prebendalismo que se maneja a partir de la publicidad.
