Ley de Legitimación de Ganancias otorga 23 atribuciones para investigar a cualquier institución por terrorismo
El artículo 9 de la Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas otorga 23 atribuciones a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para investigar de forma irrestricta a cualquier institución o persona que sea sospechosa de relaciones con el financiamiento al terrorismo.
La norma también establece que todas las entidades financieras, desde bancos hasta casas de cambio deben entregar información a la UIF. Incluso, a sólo orden de esa instancia, de la Policía o Fiscalía que pueden allanar casas, revisar cuentas bancarias, romper el secreto profesional, dispone el "pago" a informantes y obliga, incluso a las iglesias y a organizaciones no gubernamentales a abrir su información.
"La UIF tiene la atribución de realizar actividades de inteligencia y análisis financiero y/o patrimonial, para identificar y seguir el rastro de bienes, redes y operaciones sospechosas presuntamente vinculadas a los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo", señala el numeral tres de ese artículo.
La norma fue aprobada en la Cámara de Diputados la madrugada del viernes y remitida a la Cámara Alta para su revisión y posterior promulgación por el Ejecutivo. El proyecto tiene 59 artículos y 16 disposiciones adicionales, transitorias y finales.
Revisando la norma, el acápite ocho señala que esa instancia puede requerir y obtener información de cualquier instancia, ya sea de carácter individual o colectivo, público o privado, para el cumplimiento de sus funciones.
Otro punto que llama la atención es que podrá recabar información pública, reservada o confidencial, de cualquier registro público o privado, así como de entidades públicas o privadas, las que están obligadas a colaborar dentro del término que se les fije, con carácter efectivo e inmediato, excepto la información relacionada con la seguridad del Estado.
Entre otros, también destaca que remitirá a las autoridades competentes informes de inteligencia financiera y dictámenes periciales, para la investigación y persecución penal correspondiente, cuando se determine la existencia de una operación sospechosa que pueda estar relacionada con delitos de ligitimacion de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo.
En ese contexto, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alejandro Reyes, cuestionó que se le "entreguen súperpoderes a la UIF con el pretexto de vulnerar el secreto bancario", a la vez advirtió que esta norma tiene el objetivo de perseguir y tener el control total de las personas, sin siquiera tener órdenes judiciales.
"Basta que cualquiera tenga un movimiento de más, un depósito para afectar a la persona, tomar preso a quien quieran y después ponerse a investigar. Realmente ésto se vuelve un Estado policiaco, donde las personas deberán tener muchísimo cuidado porque no solo afecta a los políticos, sino a todos los que utilizan la banca", advirtió.
Sin embargo, el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Félix Ajpi rechazó la versión de la oposición y aseguró que la norma no alcanzará a la población que consiguió sus bienes a través del trabajo diario, porque prevalece el comercio informal en el país.
"Nuestro país es informal, no alcanza a un compañero que se ha hecho un patrimonio haciendo carpintería, fabricando muebles sin facturar, a ellos no podemos perseguir", indicó.
Otros ejes
Con la norma se crea el Concejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales (Conal) que estará integrado por los ministerios de Economía, Gobierno, Defensa, Justicia y Relaciones Exteriores; además de la Procuraduría y la Fiscalía.
La norma establece que mantendrá en sus archivos las operaciones sospechosas por 10 años; además se prevé cuatro técnicas de investigación: el agente encubierto, la entrega vigilada, la compensación económica al riesgo del informante y la figura del colaborador eficaz.
Con relación a un proceso penal por Legitimación de Ganancias, se aplicará el juicio en rebeldía y el acusado estará representado por un defensor de oficio, no podrá contratar con un abogado de su confianza.
Finalmente, permite que un informante reciba dinero a cambio de la información que proporcione y lleve a la captura de la organización o persona sospechosa. El colaborador eficaz es la persona que fue parte del hecho y denuncia a sus cómplices; su caso quedará en suspenso hasta que se esclarezca, si su información sirve y se extinguiría su proceso.
