Cuestionan contratación de bufete en EEUU para ver el caso Murillo
Asambleístas nacionales y juristas cuestionan que el Gobierno despilfarre los recursos económicos del Estado en la contratación de un bufete de abogados estadounidense para hacer seguimiento al caso del exministro de Gobierno Arturo Murillo, por soborno y lavado de dinero. Ven posible daño económico al Estado.
Los diputados Óscar Balderas y Alberto Astorga dicen que “no se entiende la participación del procurador Wilfredo Chávez” en un proceso que se lleva adelante en la justicia de Estados Unidos.
“Es injustificado este gasto que se está realizando con el viaje a EEUU, contratar un bufete; en todo caso, es la justicia boliviana que tiene que continuar con la investigación de los ilícitos que se denuncian que haya cometido Murillo, pero lo de la justicia estadounidense es otro tema”, dijo Astorga.
Agregó que se constituye en un daño económico al Estado, porque no se justifica los actos que viene realizando la autoridad en tierra de EEUU.
El diputado Balderas señaló que en este periodo el gobierno del MAS nuevamente se da el lujo de despilfarrar recursos económicos, pese a que ha perdido la brújula en este caso.
“No entendemos cuál sería el rol de este bufete cuando todo ya está para el juicio, pero volvemos a lo mismo: la cúpula masista abusa del uso de los recursos públicos. Estamos hablando precisamente de situaciones nada claras, Bolivia va a contratar un bufete, total despilfarro”, sostuvo.
A su vez, el abogado penalista Ramiro Cárdenas refirió que el procurador Chávez no juega ningún papel en este juicio, “sin duda tenemos un Procurador que en vez de defender los intereses del Estado, vela por defender los intereses de Evo Morales, quieren lavarle la cara. Debe esperar que determina la justicia, una sentencia, para después asumir las acciones”.
Costo de bufete será por horas de trabajo
El Gobierno boliviano contrató al bufete estadounidense de abogados Greenberg Traurig para atender tres procesos.
Al consultar al Procurador General del Estado cuánto le costará al Estado contratar los servicios de estos abogados en EEUU, dijo que son los habituales para procesos internacionales. “Estamos usando el mismo estándar que se usa para las contrataciones de abogados que tiene la Procuraduría en diferentes arbitrajes internacionales que tenemos. Ni más, ni menos”, dijo.
Chávez señaló que, al margen del proceso penal en EEUU, el Estado boliviano activa una acción civil para recuperar 2,3 millones de dólares, que fue el sobreprecio, además de otros actos.
