Una veintena de entidades civiles denuncia el deterioro de instituciones y normas de un Estado democrático

Una veintena de entidades de la sociedad civil denunció este viernes el deterioro de las instituciones y la normativa fundamental de un estado democrático, en medio de una confrontación social y política. Como uno de los planteamientos para superar esa situación, plantearon el respeto al principio de la independencia de poderes y a los derechos de las personas.

Esta posición fue hecha conocer por entidades de la sociedad civil como la Fundación Jubileo, Apoyo para el Campesino-Indígena del Oriente Boliviano (Apcob), el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Colectivo Casa, Red Umavida, Pastoral Social Caritas Sucre (Pascar), Instituto Para el Desarrollo rural de Sudamérica (Ipdrs), Fundación Tierra, Pastoral Social Caritas y el Centro de estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), entre otros, a través de un pronunciamiento público.

“La actual situación de confrontación social y política es expresión de un prolongado proceso de deterioro de garantías, derechos e instituciones fundamentales que sustentan la plena vigencia de un estado democrático. Este deterioro tiene sus raíces, por una parte, en un modelo económico fundado en actividades extractivas y actividades económicas subterráneas y paralegales”, se lee en el documento.

Se agrega que ese deterioro también es causado por la forma en la que se ha configurado la estructura de poder político, con una concentración y control de todos los órganos, en detrimento de la independencia de poderes, “ejerciendo violencia y no respetando la necesaria autonomía de organizaciones de la sociedad civil, ni respetando las básicas reglas de un orden democrático”.

Entre los factores identificados para el deterioro de las instituciones y la normativa de un Estado democrático, las organizaciones civiles identifican la impunidad acumulada sobre hechos como los de Sacaba, Senkata, Pedregal, Vila Vila y Montero, en 2019, además de otras 15 víctimas del conflicto post electoral de este año.

También advierten que siguen impunes las violaciones a los derechos humanos en los casos denominados: Febrero Negro, Octubre Negro, Huanuni, La Calancha, El Porvenir, Caranavi, Chaparina, Takovo Mora, Mallku Qota; Apolo; Cárcel de Palmasola; Panduro; Arcopongo; muerte de Jonathan Condori; y Caso Colomi, entre otras.

A ello suman “el estado de desastre del Sistema de Justicia”, ya que se tiene una crisis del sistema judicial, carencia de institucionalidad, falta de independencia como Órgano del Estado, manipulación y subordinación al partido gobernante de turno, lo que deja a la población en una situación de indefensión y a merced de las arbitrariedades del poder circunstancial.

Otro factor identificado es la “escalada de criminalización como estrategia de gobierno”, en el que, sin nombrarlo, se refieren al denominado caso “golpe de Estado”, sobre el cual, en los últimos días, varios organismos e instituciones internacionales de protección de derechos humanos (Naciones Unidas, Unión Europea, CIDH en su segundo comunicado, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, entre otros) observaron las inocultables incongruencias en las detenciones a opositores junto con las evidentes violaciones al debido proceso, las mismas que no conducirán a luchar contra la impunidad.

“Lo que se evidencia en los últimos acontecimientos es que se trata de una escalada de criminalización de contendores políticos circunstanciales, pero aún hoy expresada también en los gestores de los procesos de facilitación y diálogo (Conferencia Episcopal de Bolivia, Unión Europea y Naciones Unidas)”, acotan en el documento.

Con ese diagnóstico, plantean el respeto al principio de independencia de poderes, en el esclarecimiento y la búsqueda de verdad y justicia en todos los casos de violación de derechos humanos acontecidos durante los últimos conflictos sociales y políticos, con especial atención en los ocurridos durante la crisis política de octubre y noviembre de 2019. 

También advierten que la superación de la crisis social política e institucional que atraviesa el país, no será posible sin las garantías de respeto y apego estricto al rol constitucional que tienen todas las autoridades y funcionarios del Estado. Por eso hacen un llamado a las autoridades a anteponer su deber de garantes de derechos.

Añaden que en caso de que las autoridades y partidos políticos no tengan la capacidad ni la idoneidad para garantizar efectivamente los derechos de la población, organismos con competencia en este tipo de crisis de derechos humanos acompañen estos procesos y apoyen estas denuncias con los mecanismos pertinentes.

Por ello indican que hacen un llamado a las autoridades, partidos políticos, líderes sociales, sindicales, organizaciones de la sociedad civil y población en general, a asumir compromisos serios por una reconciliación de la sociedad en todos sus estamentos, basada en la justicia, el compromiso con los derechos humanos y el compromiso con la investigación imparcial de los hechos para encontrar la verdad, la sanción a los responsables, la reparación a las víctimas.

También sugieren asumir un enfoque de “Justicia Transicional” para enfrentar la crisis estructural que atraviesa el Órgano Judicial, con una amplia participación y compromiso de todos los sectores sociales y actores políticos.Con la vigencia del estado de derecho, la democracia con el goce de las libertades y protección de los derechos y un acceso a la justicia plena para todas y todos, sostienen que se tendrá una base sustancial para el reencuentro entre bolivianos.