Inventario parcial verde olivo

Con poco esfuerzo se levanta un frondoso inventario sobre el desempeño policial en Bolivia en los últimos seis meses. La mayoría manda: marca la tendencia; la minoría: es la excepción que confirma la regla. Para mal de nuestros pesares. Para vergüenza de la “institución verde olivo”. 

Un oficial de policía en su motorizado con vidrios oscuros sale del patio de una oficina de su institución hacia la calle, a una cuadra de la plaza principal de Tarija, en contra ruta. Su maniobra ilegal paraliza el tráfico y asusta a unos peatones que reclaman. Un uniformado les responde: en tono condescendiente: “No es tan grave. A todos se les puede ir alguna vez”. Sí, cómo no. Igual que a policías en motocicleta rebasando vehículos por la derecha, continuando marcha aún estando rojo el semáforo. Igual lo hacen los pobladores comunes, indignos de ser llamados ciudadanos. Tas con tas, ¿no? ¿Agentes del orden? ¡Qué va! Del desorden. 

Se habla de un bufete de abogados expolicías, ubicado frente a Diprove en una ciudad capital. Servicio muy eficiente: en 24 horas legalizan derecho propietario de cualquier vehículo, incluyendo la culminación del trámite municipal. Sin poder del vendedor. “Es muy bueno”, dice un cliente que pide no ser identificado. Añade: “otros abogados tardan un montón, sin el poder no te lo hacen y te cobran mucho más”.  Arte de magia, ¿verdad? ¡No! Pandilla a la vista.

El 17 de mayo de 2024, Marisol Esthela Alvarado Flores ,en el diario digital vision360.bo, refiere: “Más de 165 policías implicados en actividades ilícitas fueron dados de baja en lo que va de la gestión del presidente Luis Arce, desde noviembre de 2020 hasta la fecha, informó el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo”. Entre ellos, policías aprehendidos trasladando droga en sus vehículos: el teniente coronel Marcelo Ramírez, exjefe de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) de Puerto Suárez, con 23 kilos de droga, en detención preventiva en Palmasola desde el 8 de mayo y el mayor Miguel Ángel Quisbert, aprehendido con 57 kilos y 500 gramos de cocaína en su vehículo, en detención preventiva en el penal de San Pedro de Oruro. 

Continúa señalando que allí mismo están en igual condición “unos 10 efectivos (…) investigados en esa ciudad por la presunta comisión de delitos relacionados con la Ley 1008 de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, informó el fiscal Aldo Morales de Oruro.

El representante del Ministerio  Público dijo que también hay uniformados detenidos porque presuntamente favorecieron la evasión de reclusos aprehendidos por tráfico de drogas”. Ilícitos aislados. ¡No! Cártel a la vista. 

El 30 de enero de este año, Jorge Manuel Soruco Ruiz, en vision360.bo informa que el 21 de enero, Carlos R. F. presentó una denuncia verbal contra cuatro miembros del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), por el robo de 139 mil dólares, amenazas y extorsión. Entre el 29 y el 30 de diciembre, la víctima sufrió un atraco que denunció a la Policía. “Pero en vez de conseguir ayuda, fue agredida y extorsionada”. 

Prosigue: el 26 de enero, en el penal de Chonchocoro, el recluso Da Silva Tabaras, asesinó a Nabor López con un arma de fuego que, aseguró, compró a un policía por 4.000 bolivianos.

Cierra con el caso de una organización criminal dedicada al robo de vehículos en Santa Cruz. Fueron detenidas cuatro personas integrantes de una organización criminal que, durante meses se dedicaban al robo de vehículos en la capital oriental. El líder fue identificado como H.F.C., un capitán de la Policía. ¿Hechos aislados? ¡No! Redes criminales.

Lenny Chuquimia, el ultimo días del mes pasado,  pone al tanto de que el Viceministerio de Régimen Interior y Policía afirmó que en 2024, el Tribunal Disciplinario de la Policía Boliviana atendió 646 casos por faltas graves y gravísimas cometidas por efectivos del verde olivo y que 307 fueron dados de baja. ¿Gran trabajo? ¡No! Podredumbre.

Edwin Condori, en El Deber  del 5 de febrero de este año: “Muertes violentas en cárceles bolivianas: en 2024 hubo nueve y en 34 días de 2025 ya suman ocho. El 2 de enero, un privado de libertad murió en el centro penitenciario de Morros Blancos (Tarija) por apuñalamiento.

El 3 de enero, otro recluso murió por apuñalamiento, pero en el penal de Chonchocoro (La Paz). El mismo día se conoció de la muerte violenta de un privado de libertad en Cerprom (Montero, Santa Cruz). El 12 de enero, ocurrió un hecho de feminicidio y suicidio en el penal de Palmasola (Santa Cruz), con dos fallecidos.

El 26 de enero, un reo fue asesinado con arma de fuego en el interior del penal de Chonchocoro. La noche del 3 de febrero, dos privados de libertad fueron encontrados muertos en una celda, también del penal de Chonchocoro y con heridas punzocortantes.” ¿Sistema penitenciario? ¡No! Centros criminales. 

Noticias publicadas en redes sociales, accesibles y, muchas veces, viralizadas. ¿Alguien echa un grito al cielo? ¡No! Se han naturalizado. Es parte del legado masista que hay que dejar atrás este 2025. Por razón de vida y muerte.