Urgente privatización de las empresas públicas

La privatización de las empresas públicas fue uno de los mantras más repetidos, allá por 2005, por los izquierdistas Evo Morales y Luis Arce para justificar la nacionalización y exaltar el fracaso de las políticas económicas neoliberales. Pero ahora y 19 años después, en nuestro país la intervención estatal ha dominado sectores estratégicos con resultados desastrosos a la vista de cualquier mortal.

Sobre el particular, la nueva agrupación política Libertad y República (Libre) ha generado controversia al proponer nuevamente la privatización de empresas públicas como parte de un paquete de reformas. Libre argumenta que las empresas estatales, en su forma actual, representan un lastre económico debido a su ineficiencia, corrupción y baja calidad de servicios.

Por su parte, el presidente Luis Arce ha salido en defensa del modelo de nacionalización, calificando las propuestas de Libre como un retroceso. Según Arce, el problema no radica en el proceso nacionalizador del partido azul, sino en la falta de una gestión eficiente. “No se cuidó la nacionalización”, afirmó, destacando que la falta de exploración y reinversión limitó el impacto positivo del modelo comunitario socialista. Como si este mea culpa fuera una excusa, el impresentable de Evo Morales, con su proverbial candidez, ha afirmado que las empresas emblemáticas como Emapa, Entel y Banco Unión se encuentran al borde de la quiebra.

La crisis financiera y la ineficiencia de estas empresas estatales, por ejemplo, no sólo afectan la percepción pública sobre su fracaso, sino que también han impactado en la economía estatal con gastos siderales. Uno de los argumentos más fuertes contra las nacionalizaciones es su impacto en el mercado laboral y la pobreza, que siguen teniendo las mismas aristas que en 2005. Aunque las empresas estatales han sido vistas como una fuente de empleo seguro, las contrataciones masivas de personal burocrático han beneficiado, en muchos casos, a militantes del partido azul, dejando de lado criterios de mérito y eficiencia, permitiendo que una buena parte de los pastores y labradores del país tenga empleo.

Por otro lado, el modelo comunitario socialista defendido por el Gobierno ha resultado en una profundización del aumento del desempleo y la precarización laboral, por lo que la percepción general es que el modelo económico no ha cumplido con sus promesas de desarrollo e industrialización.

Un aspecto preocupante de las empresas públicas es su vinculación con la deuda externa y el despilfarro. A medida que los déficits financieros aumentan, el país se ve obligado a recurrir a préstamos internacionales, lo que incrementa la injerencia de actores extranjeros.

Ahora, paradójicamente hasta los serviles de Evo Morales se oponen a esos préstamos, no obstante que fueron ellos lo que durante 14 años permitieron que países como China, Irán y Rusia hayan ganado un control significativo de sectores estratégicos sobre la base de préstamos, limitando la soberanía económica que tanto prometieron defender.

La privatización definitivamente ayudará a aliviar esta carga financiera al atraer inversión extranjera directa y reducir la dependencia de créditos internacionales. Sin embargo, el desafío radica en equilibrar los intereses nacionales con las demandas del capital privado, por lo menos así dejaron entrever hasta los falsos comunistas que ahora nos gobiernan.

Queda claro que el debate sobre privatización vs. nacionalización no debe centrarse únicamente en la ideología, sino en los resultados tangibles para la economía y la sociedad. Las lecciones del pasado nos muestran que un modelo estatal sin controles adecuados genera ineficiencia, corrupción y quiebra, pero una privatización mal propuesta también puede profundizar el deseo de abrazar nuevamente al modelo fracasado del comunitarismo socialista y nacionalizador.

El futuro económico del país dependerá de un proceso transitorio que pondere favorablemente la eficiencia del sector privado, que debe ser liberado del poder controlador del Estado.

Las empresas públicas no necesitan reformas profundas, lo que necesitan es ingresar en un proceso de liquidación para garantizar que operen en manos privadas de manera sostenible y transparente.

Por ejemplo, la gestión y el suministro de los combustibles librados al sector privado es casi una realidad. Precisamente este tipo de privatizaciones debe ser considerado en áreas donde el Estado no pueda garantizar eficiencia, flexibilizando ese marco de regulación tan estricto que ha caracterizado al masismo de Evo Morales y Luis Arce. En cualquier caso, hay que ver para creer.