Los magistrados con libreta e idioma

Desde hace dos siglos la burocracia incompetente de Bolivia ha devorado las voces humildes que exigen la eliminación definitiva de esos requisitos documentales innecesarios que sirven para ingresar en el servicio público. La libreta de servicio militar y el certificado de idioma originario son las condiciones ilegítimas que exponen a la ciudadanía ante un gran problema de desigualdad. ¿Son ciudadanos sobresalientes los que hicieron el servicio militar respecto de los que no? ¿Son mejores servidores públicos los que (supuestamente) hablan un idioma originario respecto de los que no? En fin, para postular a cualquier empleo público un ser vivo puede comprar esa libreta o “comprar un idioma originario”. 

Lo que parece una exageración es que estos dos requisitos se exijan a los postulantes a magistrados de los supremos tribunales de justicia, sólo para dar privilegio a quienes no tienen los méritos ilustrados suficientes frente a las personas formadas con aventajadas condiciones de sabiduría y de intelecto, pero que por desgracia no han prestado el servicio militar y peor, no hablan fluidamente aimara, cayubaba o kallawaya.

Muchos de los candidatos a magistrados incurrirán en delitos de alto grado de peligrosidad, como la falsedad material y la ideológica en algunos documentos que los seleccionadores de la Asamblea Legislativa han impuesto, como es el caso del certificado de idioma, lo cual convierte al proceso selectivo de aspirantes en una farsa y como siempre en un fracaso. Estoy en condiciones de afirmar que los que resulten seleccionados serán mortales que han llenado los requerimientos documentales, pero que destacan por su incompetencia, su falta de ética o por su inhabilidad para decidir libremente en un tribunal de justicia. En Bolivia cualquier hijo de vecino que tiene la libreta y habla un idioma originario, puede pertenecer a una organización criminal muy bien estructurada o ser juez de un tribunal.

Para incrementar la vergüenza nacional es bueno ratificar que la ciudadanía sabe y calla que todos estos papeles y oficios con certificaciones resultan un chantaje transversal sólo para cobrar “miniimpuestos” a favor de alguna instancia gubernamental que tiene urgencia de completar sus planillas salariales o para alentar la corrupción. Por otro lado, detrás del certificado de idioma existen grandes intereses políticos de aquellos que promueven el indigenismo con un vasto horizonte de bancarrota institucional, permitiendo que algunos pastores y labradores puedan llegar a instancias superiores o supremas del poder político, sólo por consagrar ese discurso inclusivo, que ha borrado de cuajo cualquier nivel de idoneidad y de competitividad profesional.

Para consagrar el principio de igualdad y acceder de manera transparente a la función pública, la primera tarea es eliminar la libreta militar y el certificado de idioma originario, y paralelamente privilegiar los procesos selectivos que recluten solamente a las personas capaces e idóneas para los cargos. El fin es promover la eficiencia y el compromiso en la función pública y evitar ese tipo de discriminaciones odiosas. Nadie en su peor estado de inconsciencia afirmaría que un individuo que ha hecho el servicio militar o habla un idioma originario resultará siendo el mejor magistrado porque estos dos criterios son absolutamente subjetivos y discriminadores que nunca han influido en la calidad del servicio público en favor de la ciudadanía.

Parece que ha llegado el momento de unir a las fuerzas ciudadanas y promover acciones de defensa constitucional; o en su caso, convocar al referéndum de reforma constitucional para eliminar de una vez por todas el servicio militar y el idioma originario como requisitos para el acceso a la función pública. En cualquier escenario óptimo siempre se exigirá a los postulantes que demuestren objetivamente su capacidad profesional consagrada, su competencia, su integridad ética y ante todo su experiencia relevante, para así dotar a las instancias públicas de la justicia boliviana con excelentes personas. Si estas hicieron el servicio militar o hablaron tacana o sirionó, nada importa.

El autor es abogado