Encubrimiento sistemático
El escándalo de los abusos sexuales a los estudiantes del colegio Juan XXIII, de Cochabamba, perpetrados por el jesuita español que los confiesa por escrito junto con la actitud de otros sacerdotes que socaparon esos actos provoca, desde hace semanas, una andanada de reacciones cuyo frenesí —especialmente de autoridades y políticos oficialistas— hace pensar en algún propósito disimulado y ajeno al tema específico que las provoca.
Las acusaciones dirigidas a personas e instancias de la Iglesia católica por encubrir esos actos reprochables son totalmente justificables viniendo de las víctimas y de supuestos testigos cuya probidad no está en duda.
Pero cuando esas acusaciones vienen de autoridades gubernamentales que parecen embarcadas en una cruzada inquisidora en contra de quienes supuestamente practicaron un “encubrimiento sistemático” a esos abusos a menores —como proclama, por ejemplo, el Procurador General del Estado—, hay lugar para preguntarse qué se busca encubrir con esa afanosa persecución frenética, sobre todo discursiva por el momento.
Y es que de si encubrir se trata, la sistematización en su ejercicio no es sólo clerical, sino que está muy presente en las acciones de las instancias del Estado, en especial cuando se trata de casos de corrupción atribuidos a funcionarios públicos, pero no solamente.
¿De qué otra manera se puede considerar sino la decisión del Ministerio Público de cerrar el caso de la presunta coima de 18 millones de bolivianos a altos funcionarios de la Administración Boliviana de Carreteras (ABC) para adjudicar las obras de una carretera en Chuquisaca a una empresa china?
Con su decisión, justificada con que los elementos de prueba no son suficientes para fundar una acusación, la Fiscalía libera a 12 imputados, de cualquier proceso en ese caso de corrupción investigado durante ocho meses y en cuyo desarrollo un testigo protegido —que dejó de serlo por las declaraciones del Ministro de Justicia— grabó, antes de morir, un video comprometedor para los involucrados.
De encubrimiento —es decir la acción de una persona “que ayuda a que el beneficio o resultado de un delito pase desapercibidamente”, como lo enuncia un fallo del Juzgado Sentencia Penal de Cochabamba— acusan algunos líderes del MAS a los fiscales del caso ABC.
Y también lo hacen asambleístas opositores y evistas, refiriéndose al oficialismo arcista, respecto de la aplicación del escrutinio secreto en algunas sesiones de diputados, porque, acusan, es una “artimaña” para “encubrir ilegalidades”.
Así, resulta que las afanosas denuncias de encubrimiento a los abusos sexuales cometidos por curas, sin ser necesariamente falsos, sirven también para encubrir otras prácticas tan similares como oprobiosas.
