Nicaragua, la hora de los abogados

El pasado 11 de mayo, el poder judicial nicaragüense, sometido a los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, decidió anular los títulos de profesionales y de notario de 26 abogados nicaragüenses que previamente habían sido condenados a otras penas como la pérdida de su nacionalidad, la confiscación de sus bienes, la supresión de sus pensiones o el destierro en juicios desarrollados de manera anormal, violando el principio del debido proceso y el derecho a la defensa que tenían los acusados.

La lógica con que la Corte Suprema de Justicia tomó semejante determinación es que a las víctimas de este nuevo atropello, “se les impusieron las penas accesorias de inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos, ejercer la función pública en nombre y al servicio del Estado de Nicaragua, así como, ejercer cargos de elección popular y la pérdida de sus derechos ciudadanos de forma perpetua, asimismo, la pérdida de la nacionalidad nicaragüense, consecuentemente, de conformidad con el ordenamiento jurídico nicaragüense y normativas que rigen la profesión de abogado y notario público, estas personas no pueden ostentar el título, ni ejercer la profesión de abogado y notario público, ya que perdieron el derecho de ejercer dicha profesión, en virtud de haber perdido la nacionalidad nicaragüense”.

En consonancia con esta aberración, el máximo tribunal de justicia de Nicaragua resolvió que todos los afectados (incluidos los desterrados) debían “enviar a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo apercibimiento de ley, si no lo hicieren, los títulos de abogados y notarios públicos, los protocolos respectivos, el sello y el carné de abogado y notario público”.

¿Qué motivó a los dictadores a actuar de esta manera? Nada menos y nada más que el hecho de que los 26 abogados sean defensores de derechos humanos y, como tales y en diferentes momentos, no sólo se manifestaron en contra de los innumerables abusos de la dictadura, sino que atendieron a muchas personas que estaban siendo afectadas en el ejercicio de sus derechos. En otras palabras, la dictadura se sintió afectada y amenazada por el ejercicio profesional que, en cumplimiento al juramento que prestaron en su momento, llevaron adelante los abogados.

Queda muy claro que la pareja de dictadores que asola al pueblo nicaragüense, aunque dice actuar en su beneficio y en procura de una “revolución” que sólo existe en sus mentes, tiene terror a cualquier tipo de disidencia y no está dispuesta a permitir que nadie, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, desobedezca sus dictados, actúe o piense diferente. Tan sólo ante la mínima posibilidad de que ello ocurra, el espíritu dictatorial y totalitario que los informa emerge y se pone de pie para escarmentar a los disidentes, como sucede en todas partes en las que la democracia es nada más que una ilusión que los dictadores utilizaron como instrumento para arrimarse al poder que no quisieran dejar nunca.

Por lo demás, nada diferente se podría esperar de un sujeto descalificado, pederasta como Ortega, que abusó sexualmente de su hijastra Zoilamérica Narváez desde que tenía 9 años y a lo largo de dos décadas, con la complicidad de su esposa, la madre de la niña. Nada distinto podría emerger de una pareja que, en 1998, cuando la víctima decidió denunciar ante la “justicia” nicaragüense los abusos que tuvo que soportar, la expuso públicamente, ante miles de pseudo sandinistas, como traidora a los principios del sandinismo y a la “gloriosa revolución”.

Los interesados pueden revisar las noticias relativas al caso de Zoilamérica y el documental Exiliada, producido bajo la dirección de Leonor Zúñiga, en el que se expone de manera cruda los sufrimientos de esta persona.

 

El autor es abogado