Conformación metropolitana y gobernabilidad urbana

La conformación metropolitana en su relación con la gobernabilidad urbana se encuentra en Bolivia prácticamente en un momento primario. Mientras tanto, la consolidación de la primera región metropolitana en Cochabamba y el proceso que les corresponde a los otros conglomerados de La Paz y Santa Cruz evidencian un incremento de las desigualdades sociales y territoriales en estas entidades que tendrán fuerte incidencia en las relaciones de los diferentes actores sociales con la gestión de gobierno.

Esta perspectiva demanda la necesidad de modificar el comportamiento de las autoridades institucionales para adoptar decisiones regionales de beneficio para los sectores representativos de la población, mediante procesos democráticos que permitan mayor representación, participación y responsabilidad social. 

Este proceso, que con certeza no será fácil, no permitirá un cambio lineal de la situación, sino que estará fuertemente

rotagónico y relevante para un desarrollo regional.

Es indiscutible que el problema corresponde a las ciudades que presentan estas características. Sin embargo, es también visible que los problemas rebasan el ámbito local y se constituyen, en muchos casos, en regionales o nacionales. En las entidades metropolitanas bolivianas se concentra la mayor parte de las actividades económicas a nivel nacional; acogen además al 95% de la población departamental en los tres casos; el 65,10% urbano de la población urbana nacional y el 46,67% de la población nacional total.

Es relevante consolidar la cuestión metropolitana en el imaginario colectivo de la organización civil y en la actividad pública en Bolivia, con el fin de establecer una responsabilidad social compartida en todos sus estamentos a escala nacional.

En este sentido, es fundamental reconocer, para cada una de las circunstancias metropolitanas, la necesidad de una instancia gubernamental superior a las entidades municipales individuales, dentro de un convenio de gobernabilidad entre los municipios involucrados, los gobiernos departamentales e instancias dependientes del nivel central.

El debate en ese convenio tendría como aspecto fundamental una estrategia de desarrollo para el área metropolitana, identificando aspectos comunes y otros particulares considerados prioritarios en cada uno de los municipios integrantes, a partir de información agregada metropolitanamente. Así, podría establecerse una primera actividad del conjunto, consistente en la elaboración de un diagnóstico integrado de la ciudad metropolitana, cuyo objetivo aporte en su comprensión para integrarla como parte de la realidad, tanto por los gobiernos locales implicados, así como por los diferentes grupos sociales que habitan.

Para su consolidación, la conformación metropolitana debe satisfacer dos aspectos esenciales: los medios de acción y operación, y las formas institucionales que puedan establecerse, de manera de garantizar que no se reproduzcan desigualdades económicas y políticas, entre los municipios conformantes, y también asegurar la presencia por representación y/o participación de los intereses sociales y particulares de los actores que consumen la ciudad para evitar el sometimiento de las relaciones de mercado.

Para este efecto, es necesario establecer, mediante el Consejo Metropolitano, un fondo de recursos económicos conformado por aportes equitativo de todos los municipios, además de un fondo de cooperación del gobierno departamental o nacional, en su caso, como instrumento de financiación de acciones que tiendan a disminuir las desigualdades, así como una forma de enfrentar en forma diferente las responsabilidades respecto de los problemas integrales.

Resulta obvio entender que un proceso de organización territorial mayor contiene grandes dificultades, entre las que es necesario destacar la definición de su universo, en cuanto a la cantidad de municipios involucrados, por una parte, y, por la otra, establecer los límites de lo que se considera el área o ciudad metropolitana. Constituye también una necesidad consensuar el ejercicio de las actuales atribuciones que tienen las municipalidades y proponer arreglos creativos, de manera que los consejos metropolitanos, en los que participan además entidades del nivel central y los gobiernos departamentales, tengan eficacia al mismo tiempo de respetar la autonomía de cada nivel, descartando aquellos particularismos u otras percepciones de pérdida de poder.

Finalmente, basados en la difícil aceptación de la cuestión metropolitana, así como de las restricciones para su transformación, será necesario establecer planteamientos para interpretar el conocimiento de esta realidad, de manera que los actores sociales pertinentes la incorporen dentro de la actividad pública, a fin de que nuestras ciudades y entidades metropolitanas se constituyan en los territorios que garanticen las condiciones de desarrollo equitativas y democráticas para todos los residentes.

El autor es, Ph.D. e investigador del Ceplag – UMSS mkquiroga@yahoo.com