Imposible camino hacia la igualdad

Un reciente informe de investigación de Oxfam (La igualdad posible, alternativas para imaginar la próxima milla) afirma que el período 2006 a 2019, se caracterizó por la reducción sostenida de la pobreza y de la desigualdad de ingresos “que marcó el camino hacia una sociedad con mayor igualdad” gracias, entre otros aspectos, a “un contexto económico favorable; a un horizonte de inclusión y justicia social, expresado en un proyecto de transformación estatal; a la voluntad política a favor de la redistribución del ingreso; a la democratización del acceso a servicios; y al reconocimiento y la ampliación de derechos.”

Celebro este informe. En particular, porque además de contribuir a un necesario debate sobre las políticas públicas y sus efectos reales en la desigualdad, la pobreza, y el subdesarrollo, contradice nuestra interpretación de los efectos sociales del desempeño de la economía y de la calidad de las políticas sociales entre 2006 y 2019.

Oxfam se concentra en los datos oficiales globales: “entre 2006 y 2019, la pobreza bajó del 60% al 37%, en tanto que la pobreza extrema se redujo del 38% al 13%; en el mismo período, la tasa de desempleo cayó por debajo del 5%”. Pero una mirada algo más acuciosa al detalle de los datos —se dice que “el diablo está en los detalles”— nos lleva a cuestionar las inferencias del informe.

En apretada síntesis, entre 2006 y 2019, la cantidad de personas en condiciones de pobreza se redujo para: menores de 25 años con hasta 8 años de escolaridad; en agricultura de tierras altas; trabajador por cuenta propia o familiar; e informal. El número de pobres aumentó en mayores de 45 años, y con escolaridad de 9 o más años.

El ingreso familiar per cápita promedio creció 2,6 veces. Para personas sin escolaridad aumentó en 3,3 veces; en 3,4 veces para cuentapropistas; en 3,6 veces para el sector agrícola del altiplano; 4,4 veces para obreros y trabajadores familiares; y 6,3 veces para los informales.

Por el contrario, para personas con 12 o más años de escolaridad, solo aumentó 1,6 veces, y para el sector formal no cambió en 14 años. Por actividad económica, igualaron o superaron ese promedio solamente la agricultura, el comercio y servicios financieros.

Con estas características, la mitad de toda la reducción de pobres hasta 2019 se logró entre 2007 y 2009, sugiriendo que el pago del bono Juancito Pinto (y los otros bonos después) afectó el ingreso familiar a pesar de su insignificancia: 200 bolivianos anuales son algo menos de Bs 18 mensuales (60 centavos diarios por estudiante).

Pero pongamos los bonos en perspectiva: en 2008, el patrimonio del sistema financiero era el doble del desembolso total en bonos; en 2019 era cinco veces más que el pago total en bonos de ese año. En 2005, la participación de la remuneración a los trabajadores era el 35% del PIB, y bajó a un 26% en 2016.

Si desde 2006 se hubiera mantenido la participación de las remuneraciones en el 35% del PIB, los asalariados habrían recibido 150 mil millones de Bs adicionales hasta 2016; en la realidad, los desembolsos totales en bonos entre 2007 y 2016 no superan los 25 mil millones: solo “goteó” la sexta parte de las remuneraciones “confiscadas”. Y si Entel o BoA aportan para los bonos, lo hacen con el dinero de la gente, obligada a pagar por uno de los peores y más caros servicios de internet o de aviación de Latinoamérica.

Para reducir estructuralmente la desigualdad, es necesario un crecimiento económico sostenido en el que la producción tenga una demanda efectiva: requiere la distribución del ingreso; no la “redistribución” de la riqueza acumulada —la teoría neoliberal del goteo aplicada por el Estado, sino la justa distribución del ingreso conforme la economía produce, para que los asalariados tengan una capacidad de consumo compatible con la oferta del aparato productivo.

Implica, primero, que la distribución para reducir la desigualdad solo puede mejorar en tanto lo haga la producción. Segundo, reducir estructuralmente la desigualdad será realidad cuando la economía pueda crear anualmente 150.000 empleos dignos, y eliminar el cuentapropismo y la autoexplotación laboral que, bajo el eufemismo de “emprendedorismo”, oculta la incapacidad de la economía extractivo-rentista para crear empleos de calidad. La “próxima milla” de Oxfam, no pasa por estas estaciones.

Si la remuneración al trabajo (salario digno), es el mecanismo más eficiente y directo para reducir la desigualdad con crecimiento sostenido, la política de “bonos” —que habría incidido en reducir nominalmente la pobreza y la desigualdad— es, en realidad, contraria a esos objetivos.

Los bonos son un ingreso familiar que no está vinculado al proceso productivo interno. El mayor ingreso familiar aumenta la demanda de productos importados que tienen ventaja en el mercado interno por la libertad con la que ingresan gracias, por ejemplo, al tipo de cambio y a los masivos canales de internación y distribución del comercio informal que, desde 2006, creció en más de medio millón de personas y su ingreso familiar por persona aumentó 6,3 veces. ¿Es sostenible?

Aunque quedan muchos otros datos que cuestionan el optimismo del informe Oxfam, cierro con la advertencia de que los máximos “operadores” del pensamiento económico dominante (FMI y BM) hicieran en 2015 (y sobre la que alertamos desde 2005): la financiarización es la causa más directa del incremento global de la desigualdad en el siglo XXI. En Bolivia, ¡es un pilar del modelo!

El autor, Ph.D., es investigador en desarrollo productivo