La lucha contra la injusticia

Cuenta el historiador Tito Livio que, por el año 387 a.C., el rey galo Breno lanzó, a los derrotados romanos que protestaban por las balanzas manipuladas que pesaban el oro del rescate, la célebre frase: “vae victis” (¡Ay de los vencidos!). La impotencia de las víctimas se convirtió pronto en revancha y venganza, una vez que las relaciones de fuerza cambiaron.

A lo largo de mis tres cuartos de siglo de vida he podido constatar que uno de los sentimientos que más provocan bronca y rebeldía en el hombre, individual y colectivamente, es la injusticia. Aun en los entornos más amorales el sentido de la justicia sobrevive en los códigos propios de esos ambientes. 

¿Qué hacer ante la injusticia, además de resignarse esperando la oportunidad de vengarse? El hombre ha desarrollado diferentes actitudes. 

Lo normal es denunciar y recurrir a un juez, un funcionario que dirima las controversias y haga cumplir su sentencia. Sin embargo, aun esa vía civilizada se presta a más injusticias y amaños, políticos y económicos, a tal punto que muchas veces es preferible un mal acuerdo a una larga e incierta disputa legal; máxime en un medio en que la propia Policía, para descubrir a los delincuentes, despacha las víctimas de un robo a “cuatro yatiris”, los cuales hasta pueden ser cómplices de los ladrones (Página Siete, 21/6/22, pg. 26).

El juicio ordinario (escandalosamente “ordinario”, por cierto) a Jeanine Áñez nunca debió realizarse, debido a que, como expresidenta del Estado, le correspondía un juicio de responsabilidades, en criterio de todos los juristas serios, excepto uno. Sin embargo, no fue así, por dos razones. 

La primera es conocida: al no tener el MAS los dos tercios en la Asamblea Legislativa, la oposición, con toda razón, exigía que los actuales jueces supremos fueran cambiados por otros mejor calificados para garantizar un juicio transparente. Personalmente, creo que el desarrollo y desenlace del juicio ordinario le dio la razón a la oposición: de esa “justicia”, pesada con la balanza del “Breno” masista, contaminada por la injerencia política y criticada por moros y cristianos, no se podía esperar nada más que el regateo de los años de condena (“finjo pedir 30 para que le den 10”).

La segunda razón es más sutil: optar por un caso de corte hubiese puesto en evidencia las responsabilidades de todos los actores de los trágicos eventos de noviembre de 2019: gobernantes, exgobernantes huidos y dirigentes de los sectores sociales enviados a enfrentarse a las fuerzas del orden, reforzadas por las FF.AA. Ante la crítica de la comunidad internacional, en sintonía con la gran mayoría de la población boliviana, se ha esgrimido, por parte del oficialismo, el concepto de “soberanía jurídica” para encubrir una notoria injusticia. ¿Cómo puede alegar soberanía jurídica un gobierno que ni siquiera ofrece seguridad jurídica? Además, un partido que desconoció un referéndum soberano, escudándose detrás de interpretaciones exóticas de normas internacionales, ¿puede defender un juicio espurio, apelando a la soberanía jurídica?

Volviendo a las actitudes ante la injusticia, quedan aún dos: recurrir a la violencia como método de lucha u optar por la no-violencia. En el primer caso, sólo se alimentará la espiral de la maldad, del odio y de la venganza. En el segundo caso, está el ejemplo, muy anterior a Gandhi y Mandela, de Jesucristo y de sus seguidores, que respondieron con el perdón a la injusticia. 

No se trata, como suele decirse, de resignarse y esperar en la “justicia divina” -que, por cierto, es misericordia infinita antes que castigo “justo”-, sino de desarmar a la maldad con el perdón, buscando, con valentía, extirpar las raíces antes que cortar la planta.