El problema del IVA en los servicios digitales para el salto digital

El gran reto de los gobiernos en pandemia, y apuntando a la recuperación económica, es el de captar recursos para generar gasto público que dinamice la economía. El equilibrio entre una política fiscal –que recaude recursos suficientes sin exprimir a los contribuyentes– y la focalización del gasto público para la reactivación económica demanda mucho análisis económico de alto nivel, más allá de la lógica incremental que pasa por buscar de donde extraer más recursos. Si bien podemos apuntar a recuperar la economía mediante la inversión pública, la carga impositiva prevista para tal objetivo puede limitar mucho la promoción de otras actividades económicas, muy importantes para la Bolivia del siglo XXI.

El problema es que los gobiernos en general, y el boliviano en específico, se encuentran en una encrucijada ya que, a raíz de la pandemia, tienen las arcas vacías. Eso les imposibilita satisfacer las demandas sociales crecientes y más intensas debido al incremento –como consecuencia de la pandemia– de las desigualdades sociales y económicas. En este panorama, los y las ciudadanas demandan acciones rápidas por parte de las autoridades que, presionadas, buscan desesperadamente salidas urgentes para satisfacer las demandas, y en ese apuro no valoran correctamente la mejor estrategia.

El abanico de soluciones es limitado en este contexto. La cooperación internacional y los organismos financieros no se encuentran con gran disponibilidad de recursos económicos para otorgar apoyo a los países que más los necesitan. Así, las medidas de política fiscal se muestran como la opción soberana y viable para remediar la situación. En Colombia, por ejemplo, el presidente Iván Duque mostró la ruta errónea al querer exprimir a la clase media colombiana con una reforma de impuestos que buscaba recaudar 23,4 billones de pesos (6.294 millones de dólares), cobrando un impuesto a la renta a personas que ganan un sueldo mensual de más de 663 dólares, e instaurando el cobro del Impuesto del Valor Agregado (IVA) (del 19%) a productos de consumo básico: agua, luz y gas, servicios funerarios y objetos electrónicos como computadores.

En Bolivia, la propuesta para que las empresas extranjeras de servicios digitales tributen al país el IVA del 13% por los servicios que venden a sus usuarios del país –iniciativa actualmente paralizada en la Asamblea– pudo sonar razonable, sin embargo, estas empresas no tienen oficinas en Bolivia, ni les interesa, por lo que el cargo final lo pagarían los consumidores.

Con este impuesto, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, estimaba recaudar 30 millones de bolivianos anualmente. Pero los impactos de ese tributo sobre la digitalización del país tendrían un costo –en varios aspectos: económicos, educativos, etc.– negativo mayor que el beneficio, en el país que tiene la conexión a banda ancha más cara y lenta de la región: 300 dólares el megabyte por segundo (Mbps), y la menor cantidad de empresas de servicios digitales.

Entonces, las pocas empresas nacionales que existen deberán cargar con este impuesto, ya que las internacionales de servicios digitales no lo harán, seamos honestos. Por tanto, el impuesto a los servicios digitales buscar recaudar fondos para apoyar a las actividades formales, pero las de características de la economía del siglo XX (industrias, manufacturas), afectando a las actividades principales de la nueva economía, la de este siglo, y que son desdeñadas pues para ellas no existen políticas de fomento a ningún nivel del Estado (nacional, departamental ni municipal). No dudo de la buena intención de esa iniciativa impositiva, pero recuerdo el inicio de este artículo: la reactivación económica demanda mucho análisis técnico de alto nivel y más allá de la lógica incremental y esa es la ruta para pensar en una reactivación económica, sin afectar el futuro ni el salto digital del país.

El autor es analista de políticas pública