El derecho a la verdad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Secretaría de la Organización de Estados Americanos (OEA), investigará los hechos de violencia y pérdida de vidas humanas durante la crisis política e institucional del año pasado. Aunque el gobierno anunció que el trabajo de la misión de la CIDH estaría centrado en los hechos de Sacaba y Senkata, existe un acuerdo suscrito entre el Estado boliviano y esa institución, de fecha 12 de diciembre, para apoyar la investigación de los actos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en Bolivia entre el 1° de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

Lo correcto es honrar este acuerdo en los términos convenidos; además, ya estuvo en Bolivia una comisión y existe un informe preliminar. La comisión reconoce como antecedente de la crisis la sentencia constitucional 0084/2017 de 28 de noviembre, que buscaba reformar el mandato presidencial para que fuera posible la reelección continua por más de dos períodos. El otro antecedente es el megafraude electoral del 20 de octubre de 2019, donde el exTribunal Supremo Electoral terminó cambiando los resultados del cómputo nacional, en presencia de casi 100 veedores internacionales de la OEA y de la Unión Europea. Este hecho desbordó la indignación que venía acumulándose desde el referéndum del 21 de febrero de 2016, los incendios forestales, los abusos del poder, la campaña haciendo uso de los bienes del Estado, etc.

Hay que lamentar, sin embargo, la violencia ejercida antes, durante y después del conflicto. El 30 de octubre se suscitaron los primeros enfrentamientos en el puente de La Amistad y en el barrio Cofadena del municipio de Montero, en Santa Cruz, donde Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas perdieron la vida. Los grupos del Movimiento al Socialismo buscaban desbloquear las carreteras, armados con armas de grueso calibre y también fue herido de bala el guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Facundo Molares Schoenfeld.

El domingo 10 de noviembre de 2019, Evo Morales renunció e inmediatamente incitó (públicamente) a la violencia política, generando así pérdida de vidas humanas, incendios de viviendas, saqueos y vandalismo en Bolivia. Los grupos afines al MAS aprovechaban del caos para robar y causar zozobra; se les decomisó armas, municiones, bombas molotov y objetos contundentes. Quemaron la casa de Waldo Albarracín, exrector de la Universidad Mayor de San Andrés y de la periodista Casimira Lema, que trabaja en el canal de la UMSA. La voladura de un ducto, el ataque con explosivos a dos pasarelas de El Alto, la quema de más de 60 buses Puma Katari, el intento de cerrar válvulas de la planta de gas de Senkata, etc. El exministro Juan Ramón Quintana amenazó con convertir a Bolivia en un “Vietnam moderno” si se producía la salida de Evo Morales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene el mayúsculo desafío de hacer un trabajo completo, riguroso, prolijo, imparcial, y objetivo. En cualquier otro caso, puede generar no sólo susceptibilidades y responsabilidades equivocadas de los actores, sino también falta de consideración y respeto a las víctimas. El informe que emita la Comisión será vinculante y generará responsabilidades personales y del Estado boliviano.

La CIDH se encarga de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, y sirve además como órgano consultivo de la OEA. Como tal, puede solicitar que se adopten medidas cautelares o que la Corte Interamericana de Derechos Humanos disponga “medidas provisionales” en casos de extrema gravedad y urgencia, para evitar daños irreparables a las personas. Y es la encargada de presentar casos ante la Corte Interamericana y comparece durante su tramitación; además, solicita opiniones consultivas para dilucidar cualquier aspecto controversial vinculado con la Convención.

Esta institución ostenta, en realidad, poderes de investigación bastante amplios, de modo que puede hacer todas las diligencias que considere convenientes para esclarecer los hechos lamentables ocurridos entre octubre y diciembre de 2019. Todos tenemos derecho a conocer la verdad, máxime cuando existe un marcado interés público, como en el presente caso.

El autor es jurista y ha escrito varios libros