Los incendios forestales en el oriente boliviano

Desde 2010 hasta 2019 se presentaron más de 110.000ciento diez mil focos de calor en el Oriente boliviano, causados en su gran mayoría por mano humana. El año más grave fue 2019, seguido por 2016. En 2019, según fuentes oficiales, la superficie afectada por incendios forestales llegó a novecientas cincuenta mil hectáreas.

Desde el 20 de julio de 2019 se activaron varios incendios en las comunidades de San Rafael, Naranjos, Gavetita, y en el municipio de Roboré. El 5 de agosto de aquel año las llamas llegaron al municipio de San José de Chiquitos. El 12 de agosto se reportó ya cinco mil hectáreas quemadas y se declaró emergencia. El 15 de agosto los municipios de El Trigal, Pampa Grande y San Ignacio de Velasco fueron afectados por las llamas y pidieron ayuda a la gobernación de Santa Cruz. El 16 de agosto la gobernación de Santa Cruz declaró la emergencia departamental, admitió el descontrol del fuego en su territorio y solicitó la ayuda del gobierno central. El 21 de agosto el entonces presidente Evo Morales rechazó la ayuda internacional, pero creó un gabinete de emergencia ambiental, anunciando simultáneamente el alquiler de un avión supertanque para aplacar el fuego.

El 24 de agosto de 2019 el director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), Cliver Rocha, admitió que los incendios forestales fueron provocados por quemas ilegales en un 97% de los casos.

Es claro que las causas de un desastre de este tipo y magnitud son múltiples, como la sequía del año pasado y del presente. Pero según la mayoría de los expertos, los incendios tienen que ver con una considerable expansión de la frontera agrícola destinada a crear pastizales para el ganado, extensiones libres de bosque para la agricultura tradicional y enormes espacios para la producción de soya que, hasta 2019, experimentaba precios muy altos en el mercado mundial generados, entre otros factores, por la creciente demanda de la República Popular China y por las llamadas economías emergentes del Asia.

Algunos expertos mencionan la probabilidad de que políticas públicas de los últimos años fomentaron directamente los “perdonazos” para los responsables de la deforestación y la expansión de la frontera agrícola.

El Gobierno de entonces, mediante nuevas dotaciones de tierras a los agroexportadores y a la industria maderera, promovió las quemas indiscriminadas de bosques y pastizales. A esto habrían contribuido también las leyes que afectaban a bosques y tierras, promulgadas por la administración del presidente Evo Morales a partir de 2013, entre ellas la Ley 337 (Ley de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques), la Ley 1098 (Ley de aditivos y combustibles de origen vegetal de 2018), la Ley 1171 (Ley de uso y manejo racional de quemas) y el Decreto Supremo 3973 de 2019 (Decreto que autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en Santa Cruz, Beni y Pando). La ley más controvertida es la 1171, que estableció un perdonazo completo a las deudas y pago de multas por quemas de bosque sin autorización.

En opinión de expertos, se ha establecido una alianza informal de agroindustriales, agricultores pequeños, colonizadores y los llamados interculturales, que son los autores materiales de la quema de bosque excepcionalmente alta de 2019, lo que puede significar que una parte de la población boliviana –la involucrada directamente en este tipo de tareas– no sea consciente del daño a largo plazo que produce, compartiendo esta actitud con una parte de los altos funcionarios gubernamentales.

Este fenómeno puede repetirse año tras año en la actualidad. Considero que los ciudadanos deberíamos exigir, para la toma de decisiones, la triangulación Tierra, agua y medio ambiente.

La autora es abogada, licenciada en filosofía y magíster en seguridad, defensa y desarrollo