La otra pandemia

El 12 de diciembre de 2006, la Organización de las Naciones Unidas y el Estado de Guatemala suscribieron un acuerdo con la finalidad específica de conformar una instancia especial para combatir la impunidad y la corrupción en ese país: la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. El resultado de este acuerdo internacional, sin precedentes en la historia latinoamericana, que se popularizó como la Cicig, permitió apoyar al Ministerio Publico, a la Policía Nacional y a otras instituciones del Estado guatemalteco en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad, la delincuencia organizada, y la corrupción en la administración pública.

El trabajo de la Comisión estaba centrado en la investigación y persecución penal de fenómenos delictivos complejos y sensibles, tanto por la naturaleza de los hechos criminales como por las personas involucradas, y se logró fortalecer a las instituciones del sector Justicia, para que puedan continuar enfrentando a la delincuencia de “cuello blanco y corbata”. Una de esas investigaciones permitió la detención y posterior condena del expresidente de Guatemala, Álvaro Colón y de varios de sus colaboradores perseguidos, todos ellos, por hechos de corrupción en el ejercicio de sus funciones públicas.

Según el acuerdo de su constitución, la Cicig tenía tres objetivos principales:

1. Investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad que cometían delitos que afectaban a los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de Guatemala, e identificar las estructuras de estos grupos ilegales (incluyendo sus vínculos con funcionarios del Estado), actividades, modalidades de operación y fuentes de financiación.

2. Colaborar con el Estado en la desarticulación de los aparatos clandestinos de seguridad y promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes.

3. Hacer recomendaciones a Guatemala para la adopción de políticas públicas destinadas a erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias para este fin.

El trabajo de la Cicig combinaba actividades de investigación y persecución penal y el asesoramiento técnico a los organismos estatales encargados de la investigación penal. La Comisión estaba facultada también para efectuar denuncias contra los funcionarios públicos o personas particulares que hubieran pretendido obstaculizar el cumplimiento del mandato de la Cicig. Los investigadores podían convertirse en terceros interesados en los procedimientos disciplinarios iniciados contra los funcionarios públicos. Y estaban, además, facultados para garantizar la confidencialidad de las personas que colaboraban en las investigaciones llevadas a cabo, ya sea en calidad de testigos, peritos o colaboradores, así como promover su protección ante las autoridades correspondientes.

La Organización de las Naciones Unidas no sólo hacía el seguimiento de esas actividades y apoyaba con expertos internacionales en diferentes áreas, sino que canalizaba recursos económicos y logísticos para el funcionamiento y el trabajo de la Cicg. La Comisión, que trabajó 12 años, permitió no sólo el esclarecimiento de hechos complejos y la sanción de muchos “intocables” y altos jerarcas de diferentes gobiernos, sino también ejecutar un conjunto de reformas legales, e institucionales, que estaban disponibles para seguir luchando contra la corrupción y la impunidad en Guatemala.

El modelo del trabajo excepcional de la comisión de Guatemala debe replicarse en Bolivia, ante la incapacidad del Estado y el nivel de propagación del virus de la corrupción e impunidad existente. El apoyo internacional parece imprescindible para combatir esta otra pandemia, ya que al Estado lo dejaron desinstitucionalizado, débil y prostituido y las instituciones encargadas de la persecución y sanción penal –Poder Judicial, Ministerio Público, Policía, Defensa Pública, sistema carcelario– no tienen independencia, presupuesto, credibilidad, ni las condiciones mínimas para restituir la dignidad nacional.

En realidad, nadie en su sano juicio debería oponerse a combatir la corrupción y terminar con la impunidad que existe desde siempre en Bolivia. Por cierto, sería una oportunidad excepcional para conocer quién es quién y de qué lado está. Nada alimenta tanto a la delincuencia y la corrupción como la impunidad.

El autor escribió el libro “La corrupción en Bolivia”