Justicia para los periodistas
AMSTERDAM – Han pasado más de ocho meses desde que Jamal Khashoggi, un prominente periodista saudí, crítico del gobierno de su propio país, que había estado viviendo en autoexilio, fue torturado, asesinado y descuartizado dentro del consulado saudita en Estambul. Como los sauditas se esforzaron por oscurecer la verdad sobre el destino de Khashoggi, Turquía lanzó una investigación. Tal como se esperaba, no se ha averiguado mucho.
Turquía no es precisamente un defensor creíble de la libertad de prensa: en 2018, más de 80 periodistas en el país recibieron largas sentencias de prisión o sanciones por su trabajo. Pero aún si la indignación del gobierno turco por el asesinato de Khashoggi fue exagerada por un rédito diplomático, el sistema judicial de Turquía ha cumplido con sus obligaciones internacionales de investigar.
Arabia Saudita, en cambio, está desacatando por completo sus obligaciones en esta materia. Bajo presión internacional, el reino está llevando a cabo audiencias de 11 sospechosos. Pero, según Agnes Callamard, relatora especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, estas audiencias secretas a puertas cerradas tienen más que ver con guardar las apariencias que con garantizar justicia.
“No sabemos quiénes son inculpados como acusados, quiénes entre ellos enfrentan sentencias de muerte y cuáles son los cargos”, observó Callamard en una conferencia reciente en Berlín. Los gobiernos occidentales, continuó, “no deberían dar el visto bueno a un proceso judicial que ignora todos los estándares internacionales”.
Al aceptar los resultados de procesos penales que carecen de transparencia y debido proceso, la comunidad internacional le fallaría a Khashoggi y dañaría seriamente el esfuerzo más amplio destinado a poner fin a la impunidad por crímenes contra periodistas. Desafortunadamente, este desenlace tiene precedentes.
En 1982, en el ápice de la guerra civil en El Salvador, el coronel Mario Reyes Mena ordenó a sus tropas armar una emboscada en las afueras de la ciudad de El Paraíso. Cuatro periodistas que trabajaban para la cadena holandesa IKON, que estaban en el país para reportar sobre la guerra, cayeron en la trampa y fueron ejecutados.
En medio de la posterior indignación global, el gobierno de El Salvador intentó ocultar la verdad, diciendo que los periodistas quedaron accidentalmente atrapados en un fuego cruzado entre el ejército y los rebeldes. El gobierno de Estados Unidos, que entrenaba, asesoraba y proveía al ejército salvadoreño, respaldó esta explicación en comunicados públicos, lo que llevó a manifestantes enfurecidos a protestar frente al consulado general de Estados Unidos en Ámsterdam.
Pero los colegas de las víctimas no se dieron por vencidos: su investigación reveló que los cuatro periodistas, por cierto, habían sido elegidos deliberadamente como blancos. Casi una década después, en 1993, la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas encargada de investigar la guerra civil salvadoreña confirmó esta opinión. Sin embargo, Reyes Mena, que hoy tiene 79 años, lleva una vida tranquila en un suburbio de Washington.
Al principio, la justificación de esta impunidad podría radicar en una ley de amnistía de 1993 que protegía al ejército, los grupos paramilitares y los combatientes de guerrillas para no ser procesados por abusos a los derechos humanos cometidos durante la guerra. Pero la Corte Suprema salvadoreña revocó esa ley en 2016, declarándola inconstitucional.
Ahora, un fiscal salvadoreño mal equipado y con escaso personal, que actúa en base a una queja penal presentada por los abogados de uno de los hermanos de los periodistas asesinados, está investigando posibles cargos criminales contra Reyes Mena, así como Francisco Antonio Morán, el ex director de la policía secreta de El Salvador. Pero no está del todo claro que se vaya a hacer justicia, sobre todo por una cultura perdurable de impunidad por crímenes contra periodistas.
Esa cultura es descarada en Arabia Saudita, y no sólo por el asesinato de Khashoggi. Decenas de periodistas están en prisión en Arabia Saudita. Se dice que uno de ellos, Turki bin Abdulaziz al-Jasser, fue torturado hasta morir el año pasado. Arabia Saudita no ha enfrentado sanción diplomática alguna por ese comportamiento.
Pero la impunidad para los perpetradores de crímenes contra periodistas no es una conclusión previsible. El año pasado en Eslovaquia, el periodista de 27 años Ján Kuciak, quien había estado investigando una supuesta corrupción política asociada al crimen organizado, y su novia, Martina Kusnírová, fueron muertos a tiros. Después de los asesinatos, la gente salió a las calles para exigir que las autoridades procesaran a los responsables.
La presión pública, junto con las exigencias de la Unión Europea de un debido proceso, tuvieron un efecto poderoso: el primer ministro renunció, el fiscal general fue reemplazado y se lanzó una investigación. En marzo, el empresario Marián Kocner fue acusado de ordenar los asesinatos.
Inclusive en El Salvador, hoy hay un rayo de esperanza de que se haga justicia. Gracias al trabajo de abogados y activistas de derechos humanos, la resolución de los familiares y ex colegas de las víctimas y la presión del gobierno holandés, la oficina de la fiscalía pública se está preparando para tomar declaración a los parientes de los periodistas de IKON asesinados.
En respaldo de esos esfuerzos por garantizar justicia por crímenes violentos y graves contra periodistas, Free Press Unlimited, el Comité para la Protección de los Periodistas y Reporteros Sin Fronteras han creado “Un mundo seguro por la verdad”. La investigación de esos crímenes –llevada a cabo por un equipo de periodistas, especialistas forenses, expertos legales e investigadores de datos públicos– estará en el corazón del proyecto.
Para alentar la presión pública como la que se vio en Eslovaquia, los investigadores publicarán sus conclusiones en documentales y en las redes sociales, y las entregarán a las autoridades pertinentes. Si esto no desata una acción creíble para llevar a los perpetradores ante la justicia, crearemos un organismo internacional para procesar casos en un Tribunal Popular de Crímenes contra Periodistas transparente y abierto.
Periodistas de todo el mundo arriesgan sus vidas cada día para arrojar luz sobre lo que quienes están en el poder quieren mantener oculto. Quienes terminan pagando el precio máximo –como Khashoggi, Daphne Caruana Galizia de Malta y Pavel Sheremet de Bielorrusia– merecen justicia, no sólo por su bien, sino por el bien de los periodistas que todavía están aquí y trabajan para revelarles a sus lectores, espectadores y oyentes el mundo como es de verdad.
El autor es director de Free Press Unlimited.
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