Institutos técnicos ‘ambulantes’
Otra vez, sí. Así. Tal cual. Ambulantes. Es decir: vagabundos, pasajeros, callejeros, sospechosos, dudosos, inciertos, maliciosos, turbios. ¿Y por qué digo de los institutos técnicos privados con un lenguaje tan rudo? Porque les he visto hacer trata y tráfico de los títulos medios y superiores que negocian. ¡¡¡¡Serán casos aislados!! No. Es claro que no. Es lo común en los casi 500 institutos privados que funcionan en Bolivia en una puerta de calle alquilada por tres meses o en edificio propio, por donde buscan desde capacitación hasta profesión un promedio de 100 mil estudiantes cada año a costos de entre 80 y 300 bolivianos por curso que se multiplica hasta 40 cursos por carrera. Y no es que los costos tan diferenciados sean por el perfil profesional distintivo que desarrollan, ya que desde 2010 existe un único diseño curricular base fijado por el Ministerio de Educación, es decir: todos desarrollan las mismas materias, la misma cantidad de horas, los mismos contenidos, para las mismas competencias técnicas, para el mismo nombre de carrera. Normal es que en un grupo de 20 estudiantes, cada uno haya negociado diferente costo y beneficios, diferente plazo de entrega de título, diferentes ventajas de asistencia y cumplimiento de tareas, diferentes lugares de práctica, hasta diferente origen del título. En definitiva: diferente ‘calidad’ de formación. Aunque calidad es un decir cuando el parámetro es de regular hacia abajo. Y las autoridades públicas lo sospechan, lo saben, y lo toleran.
En abstracto, decir instituto técnico, instituto tecnológico o incluso instituto politécnico, en general da idea de un centro de enseñanza más pequeño que una universidad o integrado a una universidad, y en general, refiere a institución de formación profesional dirigida a los ámbitos del desarrollo industrial y productivo, con enfoque prioritario hacia la enseñanza de las tecnologías. Tras 25 años de absoluto desorden, en 2015 el Estado boliviano produjo el Reglamento General de Institutos técnicos y tecnológicos de carácter Fiscal, de Convenio y Privado, aprobado no por ley sino por Resolución Ministerial, lo que expone la vacilación como política pública. Se dice que el reglamento tiene por objeto normar y regular la apertura, funcionamiento y cierre de institutos técnicos y tecnológicos para la formación superior técnica y tecnológica en función de las necesidades sociales, potencialidades y vocaciones productivas locales, regionales y nacionales, generando emprendimientos sociocomunitarios productivos articulados al desarrollo de la región y el país acorde con las políticas de desarrollo y la transformación de la matriz productiva, soberanía alimentaria y soberanía científica tecnológica. Pero en Bolivia en concreto, casi la totalidad de los institutos privados desarrolla programas del ámbito técnico y no del tecnológico. Se dice también que la regulación de los institutos se hará a través de las Direcciones Departamentales de Educación. Estas contradicciones sólo serían razonables miradas desde el mercantilismo puro.
Aunque el fomento a la educación técnica es política prioritaria del Estado boliviano, y es de interés público producir profesionales tecnificados, el primer equívoco es entregar el proceso a una cadena de comercialización. El consignatario es el actor que opera como dueño de la mercadería (calidad de formación y títulos) frente al comprador sin ánimo de adueñarse, y cumple básicamente dos funciones: relacionar a las partes intervinientes, comprador (estudiante) y vendedor (dueño de instituto); y garantizar al vendedor el cobro de la mercadería entregada (registros de notas). Esto hace cada Dirección Departamental de Educación. A partir de allí todo es libre. El espíritu mercantil e interés único por hacer ventas es finalmente trajinado por el mercader ambulante: el dueño del instituto técnico privado. Ellos mismos son ‘rectores’ o ‘directores’. Entre ellos abundan los títulos universitarios falsos y, como en las universidades privadas, los postgrados comprados a comerciantes peruanos. Aquellos intermediarios – mayoristas tienen varios institutos en diferentes lugares y con diferentes nombres y fuerzas de ventas. Si uno de sus institutos tiene problemas legales, migran sus clientes al otro. Se inscribe sin exigir el bachillerato mínimo, se cursan carreras enteras sin siquiera tener autorización, se entregan diplomas académicos en acto público con asistencia de toda la parentela sin haber cursado todas las materias, jamás se cursan las materias en orden de pre-requisito, los registros de notas oficiales son puras mentiras, nunca se cumple la carga horaria práctica ni teórica, se cobra por notas de aprobación, se compra y se vende lo que sea. Los dueños lo hacen todo, sin más ayuda que su viveza o malicia.
¿Y los docentes, cómo intervienen? Por 15 bolivianos rinden su profesión y su presencia a cambio de tener la ilusión de ser docentes. Nada más. Son sólo sombras en el aula.
El autor es docente universitario.
