Boluarte declara durante más de tres horas ante la Fiscalía por la muerte de civiles en las protestas en Perú
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, declaró este martes durante unas tres horas en la Fiscalía de la Nación (general) sobre las muertes en las protestas antigubernamentales, entre diciembre y marzo pasados, que pedían su renuncia y el cierre del Congreso.
Boluarte salió del edificio del Ministerio Público, ubicado en el centro histórico de Lima, sin hacer declaraciones y dentro de una camioneta con su resguardo policial, y se dirigió al Palacio de Gobierno, después de casi tres horas de interrogatorio.
La jefa de Estado aseguró la semana pasada que acudiría a la citación porque su intención es contribuir a "esclarecer los hechos con la mayor celeridad posible" y que, por ese motivo, no iba a utilizar la prerrogativa de que su declaración fuera tomada en el Palacio de Gobierno.
La Presidencia de la República confirmó, en su cuenta de Twitter, que Boluarte culminó la diligencia en la Fiscalía, tras brindar declaraciones "respecto a las investigaciones del Ministerio Público".
En el interrogatorio por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, estuvo asistida por el fiscal adjunto supremo Marco Huamán, que investiga los casos abiertos contra altos funcionarios del Estado.
Un grupo de manifestantes que atribuyen a Boluarte la responsabilidad por las muertes en las protestas se concentró en los exteriores del Ministerio Público y permaneció en el lugar con carteles, mientras la mandataria respondía a la diligencia.
El abogado de Boluarte, Joseph Campos, declaró a los periodistas, antes de entrar a la diligencia, que la mandataria no tenía previsto "usar el silencio como un medio de defensa".
En la investigación también se ha incluido al primer ministro de Perú, Alberto Otárola; a su antecesor, Pedro Angulo; a los exministros del Interior Víctor Rojas y César Cervantes y al actual ministro de Defensa, Jorge Chávez.
Boluarte ya acudió a la sede del Ministerio Público el pasado 7 de marzo, pero no llegó a declarar porque estaba pendiente de resolución una tutela de derechos presentada por la Procuraduría, que pidió que se le incluya en la investigación por la declaración del primer ministro Otárola.
Como parte de la investigación, la Fiscalía también citó a declarar este lunes, como testigo, al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, quien pidió que se cambie la fecha.
Las protestas estallaron en Perú tras el fallido golpe de Estado del entonces presidente Pedro Castillo (2021-2022) el 7 de diciembre pasado, y continuaron desde enero con movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden en demanda de la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones generales y la convocatoria de una asamblea constituyente.
Según diversas fuentes, al menos 49 civiles murieron durante esos enfrentamientos, mientras que las manifestaciones dejaron, en total, 77 fallecidos, ya que otras personas, entre ellas 7 haitianos, perdieron la vida por acciones de protesta como el bloqueo de carreteras.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en su último informe la violencia empleada por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones y aseguró que ha encontrado casos de "ejecuciones extrajudiciales" en Perú.
