Fiscalía peruana cita a Boluarte por las 56 muertes en protestas
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue citada a declarar ante el Ministerio Público el venidero 31 de mayo por las 56 muertes registradas durante las protestas en su contra tras asumir el mando del país después de que su antecesor, Pedro Castillo, fuese destituido por intentar cerrar el Congreso y que ahora guarda detención en una cárcel por ese y otros delitos.
El fallecimiento de las personas que participaban en las movilizaciones, entre ellas ocho adolescentes, se debió al uso “desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza”, según establece el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentado a comienzos de este mes.
De acuerdo con la citación, la mandataria peruana deberá acudir a declarar el miércoles 31 de mayo en el marco de la investigación preliminar que inició la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de genocidio en consecuencia de las muertes en las protestas ocurridas en diciembre de 2022 y enero de 2023. La investigación también alcanzan al primer ministro Alberto Otárola; su antecesor, Pedro Angulo; así como a los exministros del Interior Víctor Rojas y César Cervantes, además del actual ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta.
La citación contra la jefa de Estado se da luego de que el Poder Judicial declarara fundada en parte la tutela de derechos presentada por la Procuraduría General del Estado, que buscaba ser incluida en la investigación, por la declaración del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola ante la Fiscalía.
Con anterioridad, la fiscal Patricia Benavides decidió suspender tomar el testimonio de la mandataria hasta que la tutela de derechos presentada por la Procuraduría sea resuelta por el juez supremo Juan Carlos Checkley.
El domingo 7 de diciembre, Dina Boluarte acusó directamente a su antecesor Pedro Castillo de ser el autor de las muertes que se produjeron en las protestas ocurridas en el país. La mandataria no dudó en afirmar que el expresidente es el “asesino sentado en la Diroes”.
La CIDH considera en su informe que lo ocurrido en Perú a finales de 2022 y enero de 2023 “podrían calificarse como una masacre”.
