Consejo fija el 20 de agosto como fecha tentativa para las elecciones en Ecuador
Ecuador vive momentos de tensión política, luego de que el presidente Guillermo Lasso invocara el recurso de la Constitución conocido como “muerte cruzada” para disolver una Asamblea Nacional que estaba a punto de votar en un juicio político en su contra por presunto peculado.
Ayer, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, anunció el domingo 20 de agosto como la fecha tentativa para la celebración de las elecciones generales anticipadas, como dicta la aplicación del mecanismo constitucional al que optó Lasso el miércoles.
No obstante, la posible fecha para acudir a las urnas aún debe ser ratificada por el pleno del órgano electoral.
Para el CNE “es un desafío enorme en cuanto todo se contrae en los tiempos previstos en la Constitución y en la ley”, subrayó Atamaint al recordar que un proceso electoral normal se prepara con un año de anticipación, pero ahora lo deben hacer en noventa días para la primera vuelta.
Inconstitucionalidad
Un grupo de exlegisladores, encabezado por Esteban Torres, del Partido Social Cristiano (PSC), presentó ante la Corte Constitucional de la nación una demanda de “inconstitucionalidad” contra el decreto 741 firmado por el presidente que disuelve la Asamblea.
Ese tribunal ya seleccionó por sorteo a los jueces que deberán estudiar la demanda. Se trata de los magistrados Pablo Herrería Bonnet y Jhoel Escudero Soliz.
Aunque aún es incierto cuándo el país conocerá la decisión de la Corte Constitucional, Virgilio Saquicela, expresidente de la Asamblea disuelta, exigió “un pronunciamiento inmediato”.
“Exigimos que el Tribunal Constitucional actúe, ellos son los garantes de la Constitución, son los que tienen que resolver (la situación)”, afirmó Saquicela, quien había sido elegido para el cargo apenas la semana pasada. El exlegislador aseguró que Lasso había “manipulado” la Carta Magna del país.
En tanto, las actividades públicas y privadas, así como las educativas y financieras se desarrollan con normalidad en todo el país, mientras la sede la Asamblea Nacional se mantiene custodiada por las fuerzas del orden desde el miércoles.
La Policía ha permitido ayer el acceso de personal administrativo de la Asamblea para retirar sus pertenencias y se prevé que lo propio podrán hacer los exlegisladores desde el lunes venidero.
