Lasso cierra el Congreso y llama a elecciones anticipadas en Ecuador
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disolvió ayer la Asamblea Nacional y convocó a nuevas elecciones generales. La decisión del mandatario sucedió luego de que se defendiera ante el Legislativo en el juicio político en su contra. El presidente usó la causal dispuesta en la Constitución de grave crisis política y conmoción interna.
El decreto 741 firmado por Lasso se difundió alrededor de las 7:00 (8:00 en Bolivia). El mandatario utilizó el recurso Constitucional contemplado el artículo 148, conocido popularmente como muerte cruzada. En un mensaje a la nación, Lasso aseguró que “todos los esfuerzos del poder legislativo buscan desestabilizar al gobierno con un juicio infundado”.
Según la Constitución de Ecuador, el mandatario podrá invocar este recurso “cuando, a su juicio, (la Asamblea Nacional) se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna”. Esta es la primera vez que un mandatario activa este recurso.
Lasso también acusó a los legisladores de ser parte de un proyecto desestabilizador: “Resulta inaceptable que el gobierna cumpla con su agenda de 4 años en apenas 12 meses”, dijo el mandatario en referencia a que en menos de dos años de gestión ha enfrentado al menos tres intentos de destitución y derrocamiento.
Además, indicó que la Asamblea Nacional ha acosado políticamente a sus ministros, pues la oposición en el Legislativo ha realizado 14 enjuiciamientos políticos en contra de los secretarios de Estado. Según Lasso, desde el congreso se trató de obstruir su plan de trabajo propuesto para su periodo presidencial.
Con la disolución del congreso y la convocatoria a elecciones, Lasso deberá gobernar bajo decretos ley que deberán pasar por el control de la Corte Constitucional. Esto hasta que se realicen los nuevos comicios.
Con la decisión de Lasso, los legisladores deberán abandonar sus curules. Si no lo hacen, incurrirían en desacato por lo que la Fiscalía y la Policía podrían detenerlos en flagrancia.
