Productores piden abrogar disposición del PGE y Gobierno convoca a reunión
Diferentes sectores productivos del país se declararon ayer en emergencia exigiendo la abrogación de la disposición adicional séptima en la Ley Nº 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 porque facultaría a “entidades competentes” a decomisar productos.
Ante los cuestionamientos, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, y el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, convocaron a los actores que se sienten afectados a una mesa técnica para tratar los alcances de la disposición y una reglamentación.
El presidente de la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), José Luis Farah, indicó que este tipo de medidas generan una “ inseguridad jurídica total” para los actores que participan de las distintas cadenas de suministro, por lo que se demanda la anulación.
“Los más damnificados de esto no seremos los productores; las peores consecuencias llegarán a la población, porque nadie producirá a pérdida o para que le confisquen sus productos con el pretexto de la especulación, generando un escenario propicio para la arbitrariedad y extorsión”, advirtió.
Farah pidió al Gobierno nacional y a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) eliminar la disposición, porque afectará a empresarios, transportistas, gremiales, agropecuarios y otros sectores productivos.
Asimismo, demandó al Gobierno nacional garantizar la dotación de carburantes y resolver el problema de la falta de dólares para garantizar el suministro de alimentos.
El Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural explicó que el artículo en cuestión busca garantizar el aprovisionamiento de alimentos de primera necesidad a la población boliviana.
“A través de la instancias pertinentes, como el Ministerio de Justicia, Desarrollo Productivo y Desarrollo Rural, se están encarando las reuniones técnicas para aclarar cuál va a ser el método de control que se va a realizar, de tal manera que no se afecte a ciertos sectores”, dijo.
Huanca mencionó que la disposición está dirigida a aquellos agrandes productores de arroz y trigo, y puntualizó que específicamente va destinada a los acopiadores, que impiden la llegada de alimentos a precio justo en los mercados, ocultando los productos en almacenes como ocurrió en 2024.
Sugieren que ley sea reglamentada
El viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, señaló ayer que se prevé elaborar una reglamentación de la Ley Nº 1613 para evitar la desinformación y conflictos con los sectores.
“Debe trabajarse una reglamentación aprobada a través de una resolución biministerial entre el Ministerio de Desarrollo Rural y Desarrollo Productivo, para cuyo efecto va a ser importante la participación de aquellos actores que se crean afectados”, dijo.
