Detectan folios falsificados y la justicia llama a declarar al Alcalde de Arbieto
La Fiscalía de Tarata citó ayer al alcalde de Arbieto, Crispín Chiri, en calidad de testigo, tras recibir una denuncia presentada hace un mes por la presunta falsificación de 5 mil folios reales y catastrales, misma que apunta a funcionarios del municipio y “cómplices” como supuestos autores de este ilícito.
El vicepresidente del Control Social de Arbieto, Omar Velásquez, explicó que la investigación surgió luego de detectar irregularidades en la venta “fraudulenta” de terrenos, con cada folio costando entre 3 mil y 3.500 dólares, lo que representa “una estafa millonaria” que afecta a 5 mil víctimas, además de los propietarios de los terrenos.
“Se ha remitido un informe al Concejo Municipal para que realice el seguimiento correspondiente y en la Fiscalía se han presentado todas las pruebas y elementos oportunos para que estas personas (funcionarios y cómplices) paguen por las estafas y falsificaciones en la Alcaldía”, manifestó.
Pidió a la justicia que actúe, “caiga quien caiga”. La acusación señala que la falsificación involucra documentos emitidos por la Alcaldía, utilizados para sanear terrenos, aunque estos sean terrenos agrarios, subrayó. “Hay resoluciones técnicas administrativas y todo aprobado por el Alcalde y Asesoría General”, dijo.
Una de las presuntas responsables, B. C., es señalada como la principal vendedora de estos terrenos en la comunidad de Caluyo, según los folios reales, pero utilizando documentos de la OTB Angostura. “Llama mucho la atención que las jurisdicciones son totalmente distintas”, observó.
Añadió que las víctimas se dieron cuenta del presunto fraude al intentar tomar posesión de los terrenos, y descubrir que la documentación presentada no correspondía a la ubicación real de las parcelas. Velásquez subrayó que “el folio real existe, pero fue sacado a través de documentos falsificados, que no corresponden”.
Tras brindar su declaración, el alcalde Crispín Chiri evitó hablar con la prensa y no respondió a los cuestionamientos de los denunciantes. Abandonó la Fiscalía en un vehículo de la policía e ingresó rápidamente a una oficina municipal.
Las víctimas piden la devolución del dinero que invirtieron para los terrenos que están emplazados en alrededor de 300 hectáreas.
